El Banco de España insta a acelerar el cierre de oficinas
La institución afirma que la banca puede perder el 35% de la inversión inmobiliaria sin tocar sus resultados
El miércoles, el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, metió prisa a las cajas para que acelerasen las fusiones. Y hoy el antiguo instituto emisor insiste en que el proceso de reestructuración del sector está siendo más lento de lo que debería. De hecho, según publica en su último Informe de Estabilidad Financiera, insta a las cajas y bancos a acelerar la reducción en el número de oficinas, ya que todavía "está lejos de nuetralizar los volúmenes de apertura previos".
Según el Banco de España, "el proceso de ajuste de los gastos de expotación habría de ser más intenso y considerar también en mayor medida ahorros de costes en los servicios centrales de las entidades". "Es inevitable que el sector, y en particular algunas entidades, acometan procesos de reestructuración más intensos", subraya.
Además, como ya había adelantado el director de regulación, José María Roldán, la "exposición potencialmente problemática" al sector es de 165.500 millones. Frente a esta cartera, asegura, las cajas y bancos cuentan con una reserva de provisiones que les permitiría "absorber un quebranto del 35%" de estos préstamos "sin tener que anotar ninguna pérdida adicional en su cuenta de resultados".
Según señala el informe, "la exposición potencialmente problemática al sector de la construcción e inmobiliario supone un riesgo relevante para el sistema bancario" por la elevada inversión de las entidades en el ladrillo y que calcula en 445.000 millones de euros a diciembre de 2009. Sin embargo, recuerda que esta cifra "no es equivalente a las pérdidas potenciales del sistema".
El organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez justifica esta opinión en que "hacer equivalente inversión y pérdida potencial implica considerar, primero, que el 100% -de estos créditos- acabarán incumpliendo sus obligaciones. Pero además, presupone que las entidades tendrán una capacidad de recuperación nula de los créditos. Ambos supuestos, y máximeconsiderando que el tipo de financiación que compone estas exposiciones suele disponer de garantías reales, son irreales".
En concreto, la cobertura frente a los créditos directamente vinculados al subsector residencial en mora, que suponen un 9,6% del total con 42.800 millones de euros, se eleva al 41,4%. Junto a estos créditos con alguna cuota impagada por un plazo de más de 90 días, el Banco de España identifica otros 59.000 millones en categoría de subestándar -operaciones que presentan alguna debilidad por el perfil del contratador o el sector al que pertenece pero sin impagos-. En este caso, las provisiones para hacerles frente, aunque menor, se sitúa en un nivel aceptable para la institución con 7.600 millones, un 12,9% del total.
Asimismo, la cobertura en los activos inmobiliarios que las entidades tienen en sus balances -en su mayoría, pisos e inmuebles traspasados desde los promotores en pago de sus deudas- es del 21% sobre los 59.700 millones que acumulan en este apartado. Finalmente, añade el informe, los activos fallidos vinculados al sector se elevan a cuatro millones de euros y, como exigen las normas contables, están cubiertos con provisiones en un 100%.
Además, añade que "las entidades españolas han reforzado sustancialmente su coeficiente de solvencia" a lo largo de 2009, año que ha transcurrido por completo en el terreno de la crisis, y "especialmente la ratio tier 1 y el core capital, que integran al capital de mayor calidad".
Las fusiones virtuales deberán durar un mínimo de 10 años
El Banco de España ha reforzado las exigencias de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), instrumentos en torno a los que las entidades financieras pueden articular las conocidas como fusiones virtuales. En el Informe de Estabilidad Financiera, el organismo informa de que las nuevas condiciones se aplican a los SIP reforzados y a los grupos con compromisos contractuales sólidos y legalmente vinculantes a efectos regulatorios.
Entre la batería de nuevos requisitos, se establece en primer lugar que el compromiso de solidaridad en la solvencia entre estas entidades comprometa al menos el 40% de los recursos propios computables de cada entidad. En paralelo, tendrán que mutualizar un 40% de sus resultados. Asimismo, deberá existir una instancia central que vele por la solvencia y liquidez de las entidades y en la que radique la dirección única del grupo. Una dirección centralizada, profesional y no asamblearia.
El sistema tendrá que contar con mecanismos adecuados para la calificación de los riesgos, y en el acuerdo entre las entidades se fijará un mínimo de permanencia de diez años, con "penalizaciones claramente desincentivadoras" de las bajas. El plan de integración tendrá que contemplar un calendario preciso y detallado de implantación.
El Banco de España recalca que se han reforzado las exigencias para que la figura jurídica resultante de estos SIP pueda ser considerada como un grupo a efectos regulatorios, pero que no afecta a los integrantes de los SIP en sentido estricto cuya supervisión se realiza a escala individual.
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