Solbes anuncia un déficit adicional de 6.140 millones en 2004, el 0,78% del PIB
El PP acusa al Gobierno de engañar a los españoles para volver al despilfarro que llevó a la corrupción
El Consejo de Ministros ha aprobado el plan para acabar con el déficit oculto presentado por el titular de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y que pretende ser un primer paso para alcanzar la transparencia en las cuentas públicas que en repetidas ocasiones ha pedido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El ministro ha anunciado un déficit adicional para 2004 de 6.140 millones, el 0,78% del PIB, como consecuencia de partidas presupuestarias no incluidas por el anterior Ejecutivo en la estimación de déficit del Estado para este año, del 0,4% del PIB. La diferencia es atruible, según el economista, a "diversos ajustes contables en la estimación del déficit para 2004 que suponen 2.750 milones, el 0,35% del PIB, la deuda histórica a Andalucía (alrededor de 2.500 millones de euros, 0,32% del PIB), la de RTVE, que supone más de 630 millones (0,08%) y el aval del Estado al crédito de Argentina, que se eleva a 260 millones (0,03%.
La reacción del PP no se ha hecho esperar y el ex ministro de Hacienda y eurodiputado del PP, Cristóbal Montoro, y el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Miguel Arias Cañete, han criticado el informe sobre transparencia en las cuentas públicas y han acusado al Gobierno de engañar a los españoles con el fin de volver a la "política de despilfarro" que en anteriores gobiernos socialistas llevó a incrementos de desempleo y a fenómenos de corrupción.
El informe elaborado por Solbes sobre el gasto presupuestario comprometido por el anterior Ejecutivo del PP tiene como finalidad clarificar las inversiones que han generado obligaciones futuras y que pueden suponer un riesgo de déficit en los próximos años. Para el ministro de Economía, supone un "buen paso" para conocer el margen de maniobra con el que cuenta el Gobierno para elaborar los presupuestos públicos de los próximos años y clarificar la situación financiera de los departamentos ministeriales y entes públicos tradicionalmente deficitarios por la fuerte inversión que ejecutan, como es el caso de AENA o el GIF, ambos dependiente del Ministerio de Fomento.
El riesgo más inmediato
Entre las inversiones que el gobierno del PP comprometió en los últimos años y que no figuraban en el déficit oficial se encuentran, además de las partidas del gestor de los aeropuertos AENA (6.100 millones de endeudamiento, cifra que podría casi duplicarse al final de 2007) y la deuda de RTVE, los proyectos ferroviarios, con una deuda histórica en Renfe de 3.800 millones, que se unen a otra parte de la deuda de 1.800 millones, asociada a la compra de infraestructura.
Montoro ha explicado en rueda de prensa que el Gobierno ha vuelto a mentir a la sociedad española, ya que no ha corregido ni en una centésima las cuentas del Gobierno del PP de 2003 ni de ejercicios anteriores. "Además, a diferencia de lo que pasó en 1996, no ha encontrado facturas pendientes sin pagar en los cajones", ha añadido.
En el caso de empresas con pérdidas estructurales, como Hunosa, Izar y Mayarsa, encuadradas en el sector de sociedades no financieras porque sus ingresos cubren al menos el 50% de sus costes de explotación, sus pérdidas no se computan como déficit público. Sin embargo, Solbes señaló que por tratarse de empresas con pérdidas de carácter estructural, reciben aportaciones de capital a través de SEPI que sí deben incluirse dentro del déficit público y que ascienden a 1.730 millones entre 2004 y 2008.
En el caso de empresas con pérdidas estructurales, como Hunosa, Izar y Mayarsa, encuadradas en el sector de sociedades no financieras porque sus ingresos cubren al menos el 50% de sus costes de explotación, sus pérdidas no se computan como déficit público. Sin embargo, reciben aportaciones de capital a través de SEPI que sí deben incluirse dentro del déficit público y que ascienden a 1.730 millones entre 2004 y 2008.
Existe un último grupo de operaciones sobre las que Solbes ha asegurado no disponer de datos suficientes todavía para evaluar el riesgo que entrañan sobre el déficit. Es el caso, por ejemplo, de las realizadas por comunidades autónomas y corporaciones locales.
Cambios en la Ley de Estabilidad
El Gobierno modificará la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se llamará Ley de Estabilidad y Transparencia Presupuestaria. Proporcionará, según Solbes, una regla fiscal que garantizará la estabilidad presupuestaria, sin imponer más restricciones de las necesarias y será consensuada con comunidades y ayuntamientos. Contempla novedades, como que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se acompañe de un informe que relacione el déficit presupuestario con el estimado en Contabilidad Nacional, se analizarán los riesgos futuros sobre déficit y deuda pública en la ejecución de los principales programas de actuación de los presupuestos y se incluirá en los mismos un inventario que informe sobre la cobertura institucional de las unidades adscritas al subsector de la Administración Central.
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