Bruselas presenta una propuesta de reforma que obligará a desguazar 1.700 pesqueros en España

Según fuentes de la Comisión las propuestas no obligan a desguazar un determinado número de buques, sino que ofrecen incentivos para ello, con el fin de reducir la pesca entre un 30 y un 60 %, dependiendo de las distintas especies y caladeros.

La propuesta será trasladada ahora a los ministros europeos de Pesca que la conocerán el próximo 11 de junio y que podrían matizar considerablemente el texto, ya que cuenta con la oposición de España, Francia, Portugal, Grecia e Italia. La nueva política entrará en vigor el 1 de enero.

"Oportunidad perdida"

España, la mayor potencia pesquera de los Quince, y por lo tanto país más afectado, considera la reforma desequilibrada y ya ha anunciado que iniciará contactos con otros países afectados, como Grecia y Portugal, para cambiar algunos de los puntos del borrador. La Junta de Andalucía ha exigido a Aznar que aproveche el periodo de presidencia de la Unión y reclame la modificación del proyecto.

Los portavoces de los armadores de Punta Umbría e Isla Cristina, dos de los puertos pesqueros onubenses con mayor número de embarcaciones, han expresado su rechazo hacia la propuesta de reforma de la pesca al considerar que sumirá al sector en el "caos" y que supondrá una "calamidad".

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, ha emitido una "reserva global" sobre la propuesta a la que ha calificado de "oportunidad perdida". Según De Palacio "la desgraciada coincidencia de ciertas declaraciones y una gran presión mediática" han impedido que el Ejecutivo comunitario aborde "los verdaderos problemas de fondo" que aquejan al sector pesquero.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha insistido, antes de conocer el contenido del programa europeo, que España tratará de formar las "alianzas" suficientes con otros Estados miembros para configurar una Política Pesquera Común (PPC) que contenga criterios equilibrados, y acabar con un periodo transitorio de 17 años.

Prohibir las ayudas públicas

El comisario europeo responsable de la política pesquera, el austríaco Franz Fischler, ha asegurado que el sector pesquero "está en una encrucijada". Fischler ha propuesto prohibir todas las ayudas públicas destinadas a aumentar la capacidad de los buques, a crear sociedades mixtas con terceros países y a exportar barcos a otros caladeros fuera de la UE.

Así, los fondos que están asignados a estos objetivos en el IFOP, el fondo estructural para la pesca, podrán reprogramarse y destinarse a incentivos al desguace. Bruselas propone también un fondo adicional de 272 millones de euros para el periodo 2003-2006. Los buques que tengan que reducir su actividad más de un 25% tendrán derecho a una prima de desguace un 20% más elevada.

En cuanto a las drásticas consecuencias para el empleo en el sector, Bruselas propone reprogramar los fondos asignados en el IFOP a modernización y renovación de flota, lo que permitiría destinar 460,6 millones de euros a la reconversión de empleos. La Comisión estima también que en el futuro podrían ser necesarios otros 88 millones de euros para ayudas sociales.