La policía investiga el amaño de contratos para una empresa en Ferrol

La policía judicial irrumpió ayer por sorpresa en el Ayuntamiento de Ferrol en busca de los expedientes administrativos y las facturas emitidas del 2010 al primer semestre del 2011. Los agentes registraron los despachos de dos aparejadores municipales de la Concejalía de Obras, vaciaron los discos duros de tres ordenadores y confiscaron kilos de documentos de las dependencias del registro y las oficinas de servicios y contratación. La orden salió del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, que ha iniciado una investigación que salpica al exconcejal socialista de Obras, Gerardo López Castrillón, y a dos funcionarios interinos de ese departamento por supuestos delitos contra la Administración Pública y falsedad documental.

La firma logró en 2010 proyectos por un millón sin pasar por concurso

Gran parte de las obras estaban financiadas por el Plan E

En la Operación Torre, como se ha bautizado el operativo, no hay detenidos pero sí tres nombres sospechosos de integrar una trama fraudulenta para la adjudicación irregular de obra pública casi siempre a la misma empresa, Parquet Albanese SL, muy posiblemente a cambio de alguna prebenda o comisión. Fue un registro minucioso y discreto que se prolongó más de cuatro horas (de nueve de la mañana a una de la tarde) y que descolocó por igual al gobierno local (PP) y a la oposición. Los agentes llenaron una furgoneta entera de cajas precintadas con la documentación que será analizada para determinar si hubo ilegalidades en el reparto a dedo de multitud de obras pequeñas que que ejecutaron con dinero público.

El juez instructor, Alejandro Morán, se personó en el Ayuntamiento y tuteló el registro escoltado por el secretario judicial. Además del consistorio, los agentes de la UDEF, la brigada de Delitos Económicos y Fiscales, registraron también el domicilio particular de los dueños de la empresa Albanese y las dos sedes de la compañía. La primera es una tienda de suelos de madera en la calle María, en el centro de la ciudad, y la segunda figura en una vivienda en O Val (Narón). La firma, que administra María Dolores Fernández Rico, se creó en 1990 para la construcción de edificios residenciales, cuenta oficialmente con siete empleados y un balance mercantil que se cerró en 2010 con unos beneficios más que discretos (7.217,49 euros).

Sin embargo, según fuentes de la investigación, en 2010 Albanese logró adjudicaciones que rondaban el millón de euros fraccionado en contratos de obra menor (menos de 50.000 euros) que esquivaban la Ley de Contratación del Sector Público del 2007. La mayor parte de los fondos liberados por la Intervención Municipal para acometer esos trabajos procedían de los fondos del Plan E (Fondo Estatal de Inversión Local) que percibió el municipio -13,3 millones en 2009 y 8,1 en 2010- concebidos como un parche temporal para crear empleo cuando la crisis ya empezaba a mostrar su cara más cruda. Para ejecutar las numerosas pero pequeñas obras que el Gobierno ferrolano -la concejalía de Obras- le adjudicaba casi a dedo, entre ellas la retirada de un escudo franquista de la fachada de la biblioteca municipal o un proyecto para la recuperación de cuatro lavaderos en la zona rural, Albanese tenía que subcontratar personal.

Algo desconcertado, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, del PP, reaccionó rápido para justificar un registro que se anunció por teléfono a primera hora de la mañana. Reunió a su gobierno, convocó a los portavoces de la oposición en junta "urgente y secreta", se prestó a "colaborar con la justicia" y firmó un decreto para que el Ayuntamiento se persone como parte perjudicada en la causa judicial. "Si ha habido delito, defenderemos los intereses del municipio y de los ferrolanos", afirmó el regidor, dispuesto a depurar "responsabilidades políticas y funcionariales". Sin embargo, Rey se preocupó de subrayar que los delitos, si los hay, se cometieron "en el mandato anterior" en una corporación del PSdeG.