La reforma de un tejado destapó la trama

Las obras de reforma del tejado de la Casa del Coronel, en el barrio ferrolano de Canido, destaparon por accidente la trama de supuestas adjudicaciones irregulares. Literalmente. Uno de los operarios que trabajaba sin sujeción ni protecciones en la reforma de una cubierta cuajada de amianto, un material cancerígeno y extremadamente nocivo, se cayó al suelo el 19 de noviembre de 2009. Fue un accidente leve, pero suficiente para que se personase la policía nacional -que inició una investigación de oficio- y para que otro agente de la policía local, delegado de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) denunciase lo ocurrido ante la Inspección de Trabajo.

El agente local redactó un informe muy contundente detallando un buen número de infracciones. Apuntó que los operarios (quince) estaban retirando uralitas viejas del acuartelamiento Sánchez Aguilera sin la mascarilla obligatoria para manipular el amianto, sin medidas de prevención ni plan de trabajo alguno.

La autoridad laboral paró la intervención en febrero de 2010 y multó al Ayuntamiento con 103.000 euros por ocho infracciones graves o muy graves, entre ellas, que los proyectos municipales carecían del plan de seguridad obligatorio desde los años noventa y que cuatro corporaciones consecutivas de distinto color político (PP, BNG, PP y PSdeG) se habían saltado sin complejos en todas las obras.

El anterior gobierno local socialista había planteado la reforma del tejado como una obra menor, pero la Inspección de Trabajo no opinó lo mismo. Detrás de aquella obra estaba la mano de Albanese S.L. Los tres aparejadores responsables de aquel dislate (dos interinos y un becario) fueron imputados por un posible delito laboral (en vía penal) y el año pasado declararon ante el juez Morán. Dos de ellos son Mar Piñeiro y David Couselo, investigados ahora junto al exconcejal Gerardo Castrillón (PSdeG) en la Operación Torre por integrar, supuestamente, una trama local que adjudicaba obras públicas (grandes y medianas) fraccionadas en pequeños tramos -hasta 50.000 euros- para burlar la ley a cambio de algún posible beneficio, personal o político.