Más de 3.000 autónomos se dieron de baja en 2011
Los malos datos de empleo que se suceden mes a mes registraron ayer un nuevo episodio al conocerse que el número de trabajadores autónomos descendió en Galicia en 3.143 a lo largo del año 2011, lo que supone un descenso del 1,4% respecto a los existentes a finales de 2010. La caída es superior a la registrada en la media nacional, que alcanzó el 1%. En total, a finales de diciembre se registraron en Galicia un total de 217.503 trabajadores autónomos.
Las mayores caídas en el número de autónomos se registraron en la agricultura (-5,2%), la construcción (-4,1%) y las actividades inmobiliarias (-2,5%). Los mayores incrementos se produjeron en actividades sanitarias y servicios centrales (5%), actividades profesionales científicas y técnicas (4%) y educación (3,4%).
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Galicia, Rafael Granados, calificó 2011 como "otro año horrible" para su colectivo y advirtió que el número de desempleados va a seguir aumentando si se continúan perdiendo emprendedores. "Sigue habiendo personas que quieren crear una empresa pero las dificultades de acceso al crédito se lo impiden", indicó.
Morosidad
Granados explicó también que otra de las dificultades a las que se enfrentan los autónomos es el retraso en el pago por parte de las administraciones públicas, lo que compromete la capacidad de los emprendedores para poder sostener sus negocios. Los datos facilitados por ATA Galicia indican que las distintas administraciones deben a los autónomos gallegos un total de 1.037 millones de euros. Las mayores cantidades se concentran en A Coruña y Pontevedra, con deudas de 416 y 315 millones de euros, respectivamente.
El responsable de ATA Galicia apuntó que el retraso en el pago de las facturas junto el adelanto del pago del IVA por parte de los autónomos son dos de las causas de la destrucción de empleo en el sectors. En esta línea, explicó que ni la Xunta ni otras administraciones gallegas están cumpliendo la ley de morosidad ni la directiva europea que establece para 2012 un plazo máximo de pago de 40 días para las facturas emitidas a entidades del sector público. Granados reclamó sanciones para las administraciones que no paguen en plazo, al igual que las sufren los autónomos.
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