El Gobierno de CiU se reserva el derecho de veto en las consultas populares

Consultas populares... cuando el Gobierno catalán lo desee. La nueva ley de consultas que aprobó este martes el Ejecutivo de Artur Mas permite al presidente de la Generalitat convocar una votación popular en Cataluña. También abre la posibilidad de que la convoque una entidad promotora si logra recoger 50.000 firmas. Aunque esta última opción tiene un matiz muy importante, que el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, obvió mencionar cuando presentó la ley: el Ejecutivo se reserva poder de veto. Es decir, que aunque los convocantes cumplan con los requisitos, Mas y sus consejeros pueden prohibir la votación, según el artículo 25 de la ley, que da la misma potestad a los Ayuntamientos en el caso de las consultas que afecten al ámbito municipal.

La decisión, matiza la norma, debe estar fundamentada. "Si las firmas válidamente recogidas logran el mínimo establecido, el Gobierno o ente local deben tomar en consideración las propuestas presentadas y decidir si se procede o no a la convocatoria de la consulta".

Iniciativa anunció ayer que presentará una enmienda para evitar que Mas tenga poder de veto sobre las consultas populares. "Si hay un volumen muy elevado de firmas que avalen una consulta, esta debe poder celebrarse", mantuvo el líder ecosocialista, Joan Herrera. Herrera se mostró dispuesto a aumentar el listón mínimo de 50.000 firmas que exige la ley a cambio de respetarla. "No puede ser que el presidente de la Generalitat o la mayoría que lo sustenta tengan la capacidad de vetar aquello que se propone desde la ciudadanía. ¿A quién le da miedo la democracia?", se preguntó Herrera.

La ley permite convocar "consultas populares no refrendarias", es decir, que el Gobierno pregunte a la ciudadanía sin que el resultado deba ser vinculante, como pasa en un referéndum. La norma será una de las leyes que el Parlament tendrá sobre la mesa para tramitar el primer trimestre de 2012.