Nicaragua lleva a Costa Rica al Tribunal de La Haya

Ricardo Jiménez Oreamuno, pícaro político que fue tres veces presidente de Costa Rica en la primera mitad del siglo XX, aseguró, en 1945, que en Costa Rica había tres estaciones: seca, lluviosa y... los problemas con Nicaragua. Siete décadas después, las complicadas relaciones entre ambos países han caído a su nivel más bajo a causa del litigio fronterizo en el río San Juan, que estalló en 2010 y que ayer escaló un paso más con la demanda que Nicaragua presentó contra Costa Rica en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por violación de su soberanía y daños medioambientales.

Hace un año, fue San José quien denunció a Managua por la invasión de su territorio. Aprovechando el dragado del río, las tropas nicaragüenses ocuparon Portillos, isla costarricense del extremo oriental del límite, donde instalaron una base. Nicaragua alegó que era su territorio. El pasado marzo, La Haya ordenó la retirada de las fuerzas militares. Nicaragua sacó a sus tropas pero las reemplazó con jóvenes del gobernante Frente Sandinista.

"La situación que estamos viviendo es por un acto de fuerza bruta del Gobierno nicaragüense contra un país desarmado", asegura a EL PAÍS el ministro costarricense de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo. Nicaragua "traspasó una frontera perfectamente establecida, nunca cuestionada por ellos y recogida por sus mapas oficiales, y con la fuerza militar invadió nuestro territorio y lo sigue ocupando".

Cortina de humo

Castillo acusa al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de usar el contencioso como una "cortina de humo" para desviar la atención de la crisis interna abierta por las elecciones presidenciales del pasado noviembre, que le dieron la victoria, pero que son cuestionadas por la oposición y los observadores internacionales.

En la denuncia interpuesta ayer en La Haya, Nicaragua acusa a Costa Rica de causar un grave daño ambiental al construir una carretera de 130 kilómetros paralela al río San Juan y exige al Gobierno costarricense que le informe sobre los detalles del trabajo.

Según el canciller costarricense, no es una carretera, sino un camino rústico para el desarrollo de pueblos aislados, que se construye sobre vías ya existentes y en tierras deforestadas. "No hay daño ecológico. La denuncia es una campaña de difamación", alega Enrique Castillo.