Impago a gran escala en el Festival de Mérida

Podrían ser cientos y el escándalo, por tanto, mayúsculo. Los trabajadores a los que el Festival de Mérida no ha pagado nunca o bien les adeuda una parte de su sueldo, o jamás les dio de alta en la Seguridad Social, han decidido hablar, unir sus fuerzas y demandar al certamen. Se trata de actores, técnicos, músicos, figurinistas, escenógrafos, iluminadores, y toda una larga lista de profesionales, dentro de la cual también están las directoras del certamen, la actriz y directora Blanca Portillo y la productora Chusa Martín, quienes ayer afirmaron: "Todo es absolutamente cierto".

Se trata de irregularidades con un consorcio en el que están representadas todas las administraciones públicas (Ministerio de Cultura, Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Mérida y Diputación), además de varias cajas bancarias. La profesión escénica sabía de los impagos que este patronato adeudaba a muchos profesionales porque el problema no se remonta solo a este último año. Algo que ya había denunciado el anterior director del Festival de Mérida, Francisco Suárez, señalando como principal responsable a la mala gestión de la muestra. Pero es ahora, cuando los últimos damnificados se han unido y han dado a conocer, con los abogados que les representan, lo que califican de un "dislate" permitido por la gerencia del festival.

"Todo es absolutamente cierto", asegura Blanca Portillo

Los damnificados que esperan cobrar culpan al gerente Pedro Salguero

Todos apuntan como primer responsable al gerente Pedro Salguero, quien representando al patronato del festival, ha firmado los contratos con todos ellos. En el caso de los que intervenían en La asamblea de las mujeres, espectáculo dirigido por Laila Ripoll, al ser una coproducción con el productor privado Enrique Salaverría, que luego trajo el espectáculo a Teatro Gran Vía de Madrid, la situación es aún más curiosa, ya que existe contrato con administración pública y con empresario privado. "Algo que no es normal", aseguran los abogados Luis Villa y Alberto Fernández Palacio, que representan a muchos de los damnificados.

"Veremos hasta qué punto es una actuación fraudulenta esta irresponsabilidad y falta de diligencia de Salguero", señala el gerente que según aseguraban todos ayer, tiene una auditoría en marcha, aunque aún no se conocen los resultados.

Ayer, en un encuentro con la prensa, había artistas de La asamblea de mujeres (como Emma Ozores, Secún de la Rosa, Gracia Olayo, José Luis Torrijo y Lourdes Novillo) de La orquestina del Valle (con todos sus músicos) y también adhesiones como la de Isabel Ordaz, Marta Etura, o representantes de otros espectáculos, como Antígona, dirigida por Mauricio García Lozano. Cuando preguntaron al actor Antonio Gil si se había encontrado alguna vez con una situación parecida (ha viajado por todo el mundo como primer actor de Peter Brook, Dan Jemmet y Simon Mc Burney, entre otros) comentó: "Ni esto, ni nada parecido. No tengo palabras para describir lo que ha ocurrido y lo que tenemos claro, como colectivo, es que nos gustaría agotar vías para un posible acuerdo, porque nos duele mucho que el festival se vea perjudicado. Quien está permitiendo esto tiene una responsabilidad histórica con todos los que han construido este festival, empezando en 1933 por Margarita Xirgu y Rivas Cheriff, porque no se pueden permitir estos chanchullos inaceptables".

Los abogados de muchos de los damnificados han buscado soluciones hasta que han visto que sólo reciben la callada por respuesta. Además señalan que no sólo no han cobrado por su trabajo, sino que muchos han tenido que pagarse desplazamientos y dietas. "Que una entidad de derecho público haga estas cosas es realmente raro y, más aún, cuando son muchos los trabajadores por los que no han devengado ni un día en la Seguridad Social, no es razonable por parte de instituciones públicas que han dispuesto de cuatro millones de euros para esta muestra", señalan los letrados, quienes van a demandar, tanto por vía laboral como por vía mercantil, lo que les pertenece a estos trabajadores, cuya cuantía no se puede calcular, ya que, a los 50.000 euros impagados a sus primeros representados, se están sumando los de muchos que ahora se incorporan a la reclamación global.