El juez llama como imputado al exalcalde de Gondomar

El anterior alcalde de Gondomar, el popular Martín Urgal, y su concejal de Urbanismo, el tránsfuga socialista Alfonso de Lis, han sido llamados a declarar como imputados este jueves por el juzgado de instrucción número 3 de Vigo. La citación deriva de la denuncia que presentaron en la pasada primavera dos funcionarias municipales, que fueron apartadas de sus funciones en materia urbanística porque se oponían a la concesión de licencias, y de la investigación abierta por la Fiscalía de Pontevedra, después de que el BNG le trasladase estos hechos.

En un pleno municipal, de Lis llegó a acusar a la secretaria municipal de "obstruccionista", por no emitir los informes favorables pertinentes para la ejecución de obras. Meses después, en febrero, a ambas técnicas se les retiraron sus funciones en materia urbanística. Solo unos días más tarde, se firmaba un contrato de asesoría jurídica con el abogado José Martínez Torea, con duración de seis meses y por el que percibiría 17.500 euros. Pese a la oposición de la interventora, Martínez Torea se encargó de realizar los informes que debían elaborar las funcionarias. Por este método se concedieron unas 50 licencias. El contrato con el letrado fue rescindido con la entrada de la nueva corporación.

Diligencias previas

Urgal, retirado de la política tras no presentarse a la reelección en los pasados comicios locales, asegura no estar aún imputado y aclara que se trata de las diligencias previas, tras las que el juez deberá decidir si sigue adelante con el caso o si lo archiva. También dice desconocer si se le cita por el hecho de haber cambiado de puesto a las funcionarias o por la aprobación de licencias. Estas se otorgaron a partir de unas Normas Subsidiarias de 1991, con el aval de la Consellería de Medio Ambiente, de modo que se eludiese el vacío normativo provocado por la anulación judicial del polémico Plan General de 1997.

Sin embargo, ante las dudas jurídicas planteadas, el actual alcalde, Fernando Guitián, también del PP y promotor inmobiliario, ha decidido detener la concesión de permisos de obra nueva. Su antecesor defendió cuando saltó la polémica, y sigue manteniendo ahora, que con este mecanismo solo se ha dado el visto bueno a la construcción de "casitas unifamiliares" y a reformas menores, como fórmula para reactivar el sector de la construcción.