El Gobierno anima a los inmigrantes a recurrir las restricciones del Sergas

Tras el errático bloqueo en el Sergas de las tarjetas sanitarias de parados de larga duración, ya rectificado, el Ministerio de Sanidad considera "simplemente ilegal" la orden de la Xunta que lo propició, ahora también en relación con las prestaciones a los inmigrantes. "Toda persona empadronada tiene derecho a recibir asistencia sin recortes y periodos de latencia", afirmó ayer Alfonso Jiménez, secretario general del ministerio, para desautorizar la exigencia a los emigrantes de un plazo de seis meses a partir de su empadronamiento a fin de recibir asistencia sanitaria. Jiménez, en una entrevista en la Cadena SER, instó a recurrir la citada orden si se aplican sus restricciones a la población inmigrante.

La orden de la Xunta afecta singularmente a inmigrantes recientes y a emigrantes retornados y, según el ministerio, infringe la Ley de Extranjería, que garantiza que los extranjeros empadronados en España tienen derecho a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles", y la Ley de Cohesión Sanitaria, que asegura la protección a todos los españoles aunque se encuentren desplazados en una comunidad distinta de la que residen. El ministerio ya pidió hace un mes que se "rectifique y elimine cualquier traba a los servicios sanitarios de los ciudadanos residentes en Galicia". También PSOE y BNG reclamaron a Sanidade que retirara la orden y la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública y el Foro da Inmigración la denunciaron ante el Valedor do Pobo.La exención de las prestaciones del sistema público afecta en Galicia a un colectivo de 10.000 a 12.000 personas que se hallan en situación irregular, según estimaciones del citado Foro, y a los recién llegados, empujados por lo general desde otras comunidades por la crisis económica. No a los que llevan tiempo asentados regularmente en Galicia.

En ambos casos, irregulares e inmigrantes recientes, problema con la cobertura sanitaria deriva de la dificultad previa que encuentran para empadronarse por las resistencias a certificar su domicilio de residencia -frecuentemente clandestino o ilegal desde el propio alquiler- y de trabajo. Otro factor que incide negativamente en su situación son sus frecuentes cambios de municipio de residencia, ya que la propia crisis los convierte en nómadas.

En Médicos sin Fronteras, antes que recurrir contra la orden de Sanidade, buscan soluciones puntuales para los casos que se van presentando, "con discreción y hasta donde se pueda", según fuentes de la organización, que insiste en señalar que la raíz del problema reside en las dificultades del empadronamiento.

Mientras, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificó ayer su rechazo a establecer "tasas directas" por prestaciones sanitarias y apuntó que sería "el último recurso", si el Sistema Nacional de Salud (SNS) "se viese al borde de la quiebra". Aunque "no aconseja" el pago de prestaciones sanitarias en sentido estricto, el presidente matizó que hay otras prestaciones que "no son sanitarias", como los servicios no clínicos en el caso de una hospitalización, que sí "se puede estudiar" si conviene ponerles un precio, como ya han hecho otros países europeos, dijo, que han "reflexionado" y tomado "decisiones".