Otro de los principales imputados de Emarsa también tenía cargo del PP
Sebastián García Martínez era vocal de la junta de Trànsits, en Valencia
La organización del PP en la ciudad de Valencia aparece cada vez más implicada en el saqueo de la empresa pública Entidad Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), que se investiga en los tribunales. Si el exgerente Esteban Cuesta fue alcalde pedáneo de Benimàmet y miembro de la dirección que controla la alcaldesa, Rita Barberá, ahora se ha sabido que otro de los principales imputados, Sebastián García Martínez, era vocal del PP en la junta municipal del distrito de Trànsits, en la capital.
Así lo reconoció el mismo imputado durante su declaración del jueves ante el juez Vicente Ríos. Pese a que anteriormente negó haber ostentado algún cargo público o político, el titular del juzgado de Instrucción número 15 le preguntó concretamente por el cargo en la junta municipal de Trànsits y él se excusó diciendo que "no lo considera un cargo público" y que "no asistía o solo alguna vez asistía".
García Martínez, que ejerció como jefe del departamento de informática de la depuradora de Pinedo, está acusado de facturar suministros de empresas de su propiedad a Emarsa por un material que no llegó a entregarse. Además, junto a su hermana María Paz y su hermano Víctor Manuel, habría cobrado a la empresa pública hasta 8,8 millones de euros desde firmas que administraban por trabajos no realizados como obras en digestores (tanques para el tratamiento de agua) que no existían.
La secretaria provincial del PSPV-PSOE y alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, dijo que Rita Barberá "debe responder por los nuevos indicios". La dirigente socialista recordó que son varios los imputados que "ella nombró directamente como responsables públicos". Y añadió que "hasta Alberto Fabra parece haber desautorizado a la alcaldesa en este asunto aceptando la comisión de investigación", mientras Barberá "ha tratado de proteger a los implicados porque fueron nombrados por ella".
De la comisión de investigación se habló ayer en la Junta de Portavoces de las Cortes. Su constitución se debatirá en el pleno del 19 de enero y, según el portavoz popular, Rafael Blasco, pone de manifiesto "la voluntad del presidente Fabra de que se esclarezcan las cosas hasta las últimas consecuencias".
Para la socialista Cristina Moreno ha llegado el momento de "pasar de las actuaciones a los actos". Mònica Oltra, de Compromís, dijo que estará atenta a que "no sea algo descafeinado, para cubrir el expediente". Y el diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco defendió plazos y comparecencias que permitan investigar qué ha pasado en una empresa pública "donde están imputados e implicados importantes cargos públicos del PP".
Cuesta y la familia Camps
Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa y hasta el momento principal imputado en el saqueo de la empresa pública encargada de depurar las aguas residuales de Valencia y de otros 16 municipios del área metropolitana de la ciudad, mantuvo, a través de su mujer, una relación con la familia del expresidente de la Generalitat Francisco Camps.
La esposa de Cuesta fue durante bastante tiempo la niñera de los hijos de Camps. Cómo llegó a establecerse esa relación no ha sido posible confirmarlo, pero algunas fuentes atribuyen que la intermediaria entre la familia Cuesta y la de Camps fue Estrella, hermana del expresidente.
El nombramiento de Cuesta para el cargo de gerente sorprendió a mucha gente. De hecho, su profesión era la de ayudante técnico sanitario. Personas que coincidieron con él en su anterior trabajo aseguraron que no destacaba por su capacidad profesional.
Fuentes del PP apuntaron a que el nombramiento de Esteban Cuesta en Emarsa no se explicaba sin su relación con las altas esferas del partido. De hecho, algún cargo popular se aventuró a especular que sin la vinculación de Cuesta con la familia Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no hubiese tolerado que un ATS se colocase al frente de la gestión de la depuradora más grande de España. Según la misma fuente, esta situación permitiría entender la pasividad de Barberá ante la investigación judicial que daba cuenta del saqueo de Emarsa.
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