32 detenidos por uniones de conveniencia en Barcelona

"Desfavorable". Ese es el veredicto que han obtenido muchas parejas de hecho en los últimos meses en Barcelona que pedían un permiso de residencia. Los entrevistadores que verificaban si la unión era por amor se encontraban con personas que no se conocían, que no hablaban el mismo idioma o que unos meses antes habían intentado regularizar al cónyuge como hijo.

Esas pistas delatoras, junto con un volumen inusual de peticiones de Permiso de Residencia de Familiar Comunitario de la Unión Europea, llevaron al Cuerpo Nacional de Policía a iniciar una investigación en julio que hasta el momento se ha saldado con 32 detenidos. Están acusados de falsificar documentos, sobre todo certificados de soltería, para inscribir parejas de hecho en los registros de los Ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona. La unión de conveniencia se llevaba a cabo previo pago de entre 3.000 y 6.000 euros.

Se trata de un nuevo tipo de delito, según fuentes policiales, valiéndose de una sentencia del Tribunal Supremo de junio del año pasado, que otorga régimen comunitario a las parejas de hecho españolas, algo que antes no ocurría. Para ser pareja de hecho basta con inscribirse en un registro público municipal.

Cien peticiones

Eso se traduce en un centenar de peticiones semanales en la Delegación del Gobierno, según esas mismas fuentes, que indican que antes no había ninguna, puesto que no se accedía al permiso de residencia. Fuentes policiales advierten del peligro que supone que los municipios acepten como válidos la traducción jurada de certificados expedidos en el extranjero, sin ningún control previo. Muchos de ellos son falsos.

La utilización de este tipo de registro para favorecer la inmigración ilegal ha sido uno de los motivos que ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a iniciar los trámites para anularlo, según un portavoz del Cuerpo Nacional de Policía.

Entre los acusados, hay 9 españoles, 14 nigerianos y diversas personas de Ghana, República Dominicana, Hungría, Senegal y Marruecos. Sobre ellos penden una retahíla de delitos: falsificación documental, usurpación del estado civil, contra las relaciones familiares, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. La operación sigue abierta y se prevén más detenciones.