Mas ahorrará hasta 600 millones con el recorte salarial de los funcionarios

Todas las consejerías del Gobierno catalán se pusieron ayer manos a la obra para buscar tasas y precios públicos que puedan ser revisados con el fin de evitar afrontar en 2012 otro tijeretazo de la magnitud del de este año y cumplir los objetivos de déficit. Sin embargo, serán los departamentos de Gobernación y Economía los que más a fondo deban emplearse, puesto que de ellos dependerá el grueso del ajuste. Según explicaron ayer fuentes de la Generalitat, Mas espera ahorrar hasta 600 millones de euros con la rebaja salarial que aplicará a sus 231.013 empleados públicos.

La vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, aseguró en una entrevista en TV-3 que la medida es "temporal" y se limitará a 2012, por lo que esa reducción no se consolidará como ocurrió con la de 2010. La Generalitat solo puede tocar el complemento específico, que supone alrededor de un tercio del salario de los trabajadores públicos. Ortega señaló que estudia rebajar ese complemento en dos tandas, probablemente a través de las pagas extras. No obstante, la vicepresidenta quiere discutir esos detalles en la mesa de negociación con los sindicatos, que se reunirá el próximo día 30. Durante los 10 primeros meses del año, la Generalitat ha ahorrado 190 millones de euros con las medidas de contención en la contratación de personal.

La segunda gran fuente de ingreso debe ser el impuesto de patrimonio. Los técnicos de Hacienda del Gobierno central calculan que Cataluña podría recaudar 271 millones de euros, pero eso dependerá de la exención que aplique el Departamento de Economía, la cual está en estudio. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió que solo tributaran los patrimonios de más de 700.000 euros allí donde la normativa autonómica no tuviera otro mínimo fijado. En Cataluña, este es de 108.200 euros, por lo que el Gobierno catalán baraja ahora tres opciones: dejarlo como está -el último año que recaudó ese impuesto ingresó 535,7 millones-, situarlo en un punto intermedio o subirlo hasta 700.000 euros. Fuentes del Ejecutivo aseguraron que todavía no se han decidido por una fórmula, aunque sí tienen claro que solo lo aplicarán si el futuro Gobierno de Rajoy no se echa atrás en su aplicación.

Cataluña ha tenido que ejecutar varios planes de austeridad -a través de los presupuestos- para reducir su déficit público, que en 2010 fue de 8.352 millones de euros, el 4,22% del producto interior bruto (PIB) catalán. Este año, el Ejecutivo de Mas lo reducirá hasta situarlo en el 2,66% y el año que viene prevé cumplir a rajatabla y dejarlo en el 1,3%. La deuda de Cataluña asciende a 38.530 millones, el 19,4% del PIB. Si se tienen en cuenta las empresas públicas, esta cifra sube a 46.493 millones.El presidente catalán, no obstante, ha ordenado a sus consejeros que revisen todas las tasas y precios públicos que dependen de sus departamentos. No se producirá una subida de todas las tasas, pero sí se barajan aumentos muy por encima del IPC en servicios sensibles como los peajes, explicaron fuentes del Gobierno catalán.

La orden es clara: no se trata solo de recortar, sino de buscar ingresos debajo de las piedras. En el caso de los peajes, además de una subida que se prevé que sea superior al IPC, se revisarán las bonificaciones que ahora tienen unas 135.700 personas que pagan menos en las barreras de las autopistas porque las utilizan mucho o porque tienen descuentos por ser vecinos de zonas a las que solo se puede llegar por vías de pago. Estos descuentos que aplican las concesionarias al usuario final sumaron el año pasado más de 30 millones de euros para las arcas de la Generalitat, cifra que Mas pretende rebajar aun a riesgo de provocar una oleada de protestas.

El Gobierno de CiU, pues, ha decidido saltarse su compromiso electoral de no subir nunca las tasas por encima del IPC. Mas ya adelantó que el compromiso se quebrantaría, al menos en lo referente a las tasas universitarias y los precios del transporte público, pero lo que se plantea ahora el Gobierno es mucho más general. La oposición criticó ayer este incumplimiento. En efecto, el programa electoral con el que Artur Mas alcanzó la presidencia de la Generalitat es claro al respecto: "Garantizaremos que la tasas no crezcan por encima de la inflación prevista", rezaba en su punto 482. En el mismo apartado sobre impuestos, los nacionalistas prometían la eliminación de lo que quedaba del impuesto de sucesiones y lo cumplieron nada más llegar a la Generalitat, medida que benefició a los contribuyentes de mayor renta.

La eliminación de este impuesto, que la oposición calificó de escándalo, es vista como un "error" por muchos dirigentes de Convergència, que entienden que no era momento de reducir impuestos a los más ricos. Probablemente para no ahondar en el error, Convergència i Unió acordó ayer con el Partido Popular retirar del orden del día en el último momento una moción de ambos partidos que instaba a la Generalitat a estudiar la supresión del impuesto de donaciones antes del 31 de diciembre de 2012.

Fuentes de CiU aseguraron que esta marcha atrás se dio para evitar que la oposición hiciera "demagogia" con este impuesto en un momento en que coincidía con el anuncio de nuevos recortes. En concreto, el texto instaba al Ejecutivo catalán a estudiar antes de que acabase 2012 y "siempre que el contexto económico lo permitiese" la supresión del impuesto de donaciones, uno compromiso que tanto CiU como PP llevaban en su programa electoral para las autonómicas.

Si el alcance de los recortes del Gobierno de Artur Mas sigue siendo una incógnita, también lo es cómo los llevará adelante y con qué apoyos. Por ahora solo el Partido Popular ha reaccionado favorablemente al anuncio del presidente de la Generalitat, pero pesan numerosas incógnitas sobre si el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene planes similares y compatibles con los de Mas. El plan de recortes anunciado el martes, sin embargo, aleja a Convergència i Unió de su objetivo de encontrar nuevos socios que evitaran que el Partido Popular fuera el único apoyo de los nacionalistas.

El que más crítico volvió a mostrarse ayer fue el Partit dels Socialistes. El jefe de la oposición, Joaquim Nadal, criticó a Mas porque entiende que el anuncio del martes es incompatible con la búsqueda de apoyos parlamentarios. "No es necesario salir con toda la parafernalia del poder a las 48 horas del resultado electoral anunciando un conjunto de medidas que, además, están en contradicción con tu programa electoral y, encima, pidas un contrato de adhesión en blanco por parte de los partidos de la oposición", dijo Nadal.