El PP se distancia de los cargos imputados en el 'caso Emarsa'

El PP ha decidido distanciarse de sus cargos imputados en el caso Emarsa, donde se investiga el saqueo de los fondos públicos que, supuestamente, realizaron los responsables de la depuradora de Pinedo en Valencia.

El pasado viernes fue la dirección regional del PP quien suspendió de militancia a Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa y cargo local del partido en la ciudad de Valencia, ante la pasividad de la alcaldesa Rita Barber y del presidente local del partido, Silvestre Senent.

Ayer fue el presidente de la Diputación y del PP provincial de Valencia, Alfonso Rus, quien se distanció de su vicepresidente en la Corporación provincial y alcalde de Manises, Enrique Crespo, imputado en el caso Emarsa el pasado 25 de octubre por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios. Rus, que hasta ahora había defendido al alcalde de Manises, no tuvo ayer ninguna palabra de aliento para su vicepresidente.

García recibía pagarés meses antes de hacer las facturas que los justificaban

El informático cobró 10.600 euros por un sistema de control que no se implantó

Alfonso Rus señaló que, "cuando surja cualquier tema, la dirección regional del partido actuará de la misma manera que lo ha hecho en el caso de Cuesta". Es decir, apartándolo del PP si se confirman los indicios de delito. El presidente de la Diputación de Valencia -que ayer anunció que reducirá el capítulo de personal un 7,7% en 2012 sobre un presupuesto que rondará los 361 millones de euros- recalcó que lo sucedido en Emarsa "no está dentro de las competencias de la Diputación de Valencia y en cualquier caso la valoración debe hacerse en el partido".

En su intervención ante los medios de comunicación, Alfonso Rus solo puso una reserva, recordó que Crespo "todavía no ha ido a declarar por lo que la dirección del PP no actuará hasta que se escuche" su versión.La dirección regional del PP justificó su decisión de apartar del partido al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta porque en sus declaraciones ante el juez ya había reconocido la existencia de irregularidades en su gestión. Sin embargo, la decisión de apartarlo del PP se adoptó ante la pasividad de la cúpula del partido en Valencia, que no hizo nada por retirar a Cuesta como presidente del distrito popular de Poblats de l'Oest.

El caso Emarsa se inició con una denuncia de los socialistas, que llevaron a la fiscalía sus sospechas sobre el desfalco cometido en la sociedad pública encargada de la depuración del agua de Valencia. Semanas después la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) controlada por el PP y presidida por Crespo, presentó una querella por los hechos. En una ironía del destino, el alcalde de Manises está ahora imputado en la causa a petición, entre otros, de la Emshi, que ahora preside el alcalde de Tavernes Blanques y domina (como ha hecho históricamente) el Ayuntamiento de Valencia.

Emarsa fue liquidada el año pasado con un agujero de 17 millones de euros después de haber pagado cantidades millonarias (que la Emshi estima en más de 30 millones de euros) por servicios y suministros falsos. El juez y la fiscalía creen que ello fue posible debido a la confabulación entre directivos de la entidad y un grupo de empresarios.

Ayer continuó el interrogatorio al imputado Sebastián García, que era proveedor de Emarsa (le facturó 4,5 millones de euros entre 2004 y 2010) y actuaba a la vez como jefe de informática de la sociedad pública. El juez Vicente Ríos le preguntó por los tres viajes que hizo a Rumanía a gastos pagados por Emarsa, que incluyeron alojamiento en hoteles de lujo en Bucarest. García afirmó que la dirección de Emarsa le pidió que se uniera a su comitiva para prestar "apoyo técnológico". El objetivo del viaje, dijo, era inspeccionar dos depuradoras rumanas ya construidas que Emarsa tenía pensado explotar "por subvenciones de la Comunidad Europea".

La versión de García, siendo extraña (Emarsa no tenía capacidad legal para ese tipo de proyectos, que por otra parte no constan en la documentación analizada en la investigación), resultó además contradictoria con la que en su momento ofreció Esteban Cuesta, exgerente de la sociedad pública. Cuesta afirmó que los más de 60 viajes a Bucarest que Emarsa financió a distintas personas (la mayor parte ajenas a la empresa, y al menos siete de ellas mujeres con nombres y apellidos rumanos) se debían a que la sociedad pública valenciana tenía previsto participar en la puesta en marcha de una nueva depuradora.

García tampoco pudo ofrecer una explicación muy convincente, en cualquier caso, sobre qué hizo en esos tres desplazamientos a Bucarest. Lo más concreto que dijo, según fuentes conocedoras de su declaración, fue que "visualizó las aplicaciones" que utilizaban las supuestas depuradoras rumanas aunque, matizó, solo lo hizo "por encima".

El resto de su declaración volvió a dejar en el aire muchos interrogantes. ¿Por qué su empresa Microprocesadores le pagó 4.500 euros a Emil Stoyanov, empleado de una de su hermana María Paz, también imputada en el caso por facturar cantidades millonarias por servicios imposibles? García no lo recordaba. ¿Cómo explicaba la "enorme diferencia" (en palabras del juez) entre lo que él pagó a sus proveedores y lo que luego facturaba a Emarsa por ese mismo material? García consideró "adecuados" los márgenes de beneficios. ¿Cuántos trabajadores tenían sus dos empresas que facturaron 4,5 millones a Emarsa y que tenían la sede en su domicilio particular? García respondió que uno y algunos becarios, pero solo pudo recordar el nombre de pila (José) de uno de ellos.

¿Quién le suministró los miles de CD que supuestamente vendió a Emarsa? García tampoco supo decirlo. El empresario admitió que cobró 10.600 euros por un sistema de control de presencia en la sociedad pública que no llegó a implantarse. Afirmó que Emarsa le pagó un curso de formación de 4.500 euros sin ser empleado, pero no supo decir dónde lo realizó. Y no pudo dar ninguna explicación al hecho insólito, en casi todas partes menos en Emarsa, de que algunos de los pagarés que recibió estaban fechados dos meses antes de que García confeccionase la factura que respaldaba ese pagaré.