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Reportaje:

85 frustrados mecánicos aéreos

Fomento retira a un centro público de FP de Puertollano el permiso para dar la licencia de mantenimiento de aviones - Los alumnos pueden perder dos años

Poco les importa si están siendo víctimas de la crisis, de una mala gestión y los galimatías burocráticos o de peleas políticas entre un Ayuntamiento gobernado por el PSOE (Puertollano) y una comunidad del PP (Castilla-La Mancha). Solo saben que hace dos años se inscribieron en un centro de Formación Profesional dentro de la oferta pública y que ahora les dicen que no van a poder obtener el título que les prometieron. "Yo dejé un trabajo fijo en Madrid para venir a Puertollano a estudiar. Casi me he gastado los ahorros para vivir aquí", cuenta Miguel de Diego (24 años), que desde el pasado jueves está encerrado en el centro de la Fundación Virtus junto a otros 40 compañeros (aunque el total de afectados son 85, más los nueve profesores y administrativos que llevan desde mayo sin cobrar) para reclamar una solución: las clases están suspendidas desde el 3 de noviembre por falta de viabilidad económica.

Unos 40 estudiantes llevan cinco días encerrados en el instituto

El Ayuntamiento (PSOE) y la Junta (PP) se culpan entre sí

El centro está gestionado por una fundación dependiente del Ayuntamiento de Puertollano; fueron muchos más patronos, entre ellos, el propio Gobierno autónomo, la Universidad de Castilla-La Mancha, el Aeropuerto de Ciudad Real y la extinta Caja Castilla- La Mancha, pero todos abandonaron el barco el año pasado. En el centro se enseñaba hasta ahora el título de FP de grado superior de Mantenimiento Aeromecánico y, junto a él, con unas horas más de complemento, los alumnos conseguían también la licencia EASA B1.1, el certificado oficial que concede Aviación Civil para poder firmar reparaciones en cualquier aeropuerto de España y de Europa.

Como solo hay otro centro público en todo el país donde se puede conseguir esa licencia (en una academia privada esa formación cuesta en torno a los 18.000 euros), y este tiene fama de ofrecer una gran calidad con muy buenos medios, el instituto de la Fundación Virtus siempre ha tenido mucha demanda. Por eso hay alumnos de Madrid, de Segovia, de Sevilla, de Bilbao... Y por eso, gente como Miguel de Diego y su hermano Pablo dejaron sus trabajos en el momento que les admitieron. A Aníbal Guillén tampoco le importó volver a empezar en Puertollano el título de FP cuyo primer curso ya había aprobado en Madrid. Ni el salmantino Mario Marcos Pérez dudó en dejar en 2º la carrera de Ingeniería Química.

Todos ellos estaban el pasado viernes encerrados en el centro. En la fachada del edificio cuelgan varios carteles de protesta: "85 alumnos estafados, más de dos años perdidos", dice uno de ellos. Al fondo del vestíbulo se podían ver algunas mantas y sacos de dormir amontonados. Justo detrás, en una de las clases, la concejal de Puertollano y presidenta de la Fundación Virtus, Eva Morales, daba unas explicaciones a los jóvenes que a estos no les convencían. Básicamente, aseguraba que el Consistorio no puede hacer nada más; lo mismo, de hecho, que dice la Consejería de Educación.

A finales de agosto, la consejería le dijo al Consistorio que el centro no podía admitir a nuevos alumnos en 1º (las enseñanzas constan de dos cursos más un periodo de prácticas) y que debían ceder la gestión del centro al Gobierno regional por la "situación de insolvencia" de la fundación (los trabajadores del centro cobraron por última vez el pasado mayo), que tiene un agujero económico de 3,8 millones de euros, según una nota de la consejería. La concejal Morales rebaja la deuda a menos de dos millones y recuerda que la Junta les debe a su vez 580.000, pero lo cierto es que la gestión de la fundación está en entredicho desde hace años.

A primeros de noviembre llegó la inspección de Aviación Civil (dependiente del Ministerio de Fomento), que, vista la deuda, los impagos a los docentes y la situación del centro (el Ayuntamiento ya no se hacía cargo, pero la consejería aún no había tomado posesión), decidió suspender el permiso para conceder la licencia EASA B1.1. Lo hicieron "por falta de viabilidad económica, y da mucha pena, porque dijeron que técnicamente (las instalaciones y los equipos) está todo impecable", insiste el profesor del centro Vicente Sánchez. Entonces se suspendieron las clases y una semana después los alumnos decidieron encerrarse.

Hecha esta presión, Ayuntamiento y consejería firmaron por fin la semana pasada un convenio para ceder las instalaciones al Gobierno autónomo, que además garantiza la consecución del título de FP y los sueldos de los trabajadores. Pero los alumnos (los 85 afectados están en 2º o ya haciendo las prácticas) lo que quieren es la licencia, pues ese diploma de Formación Profesional lo podían haber obtenido en sus propias ciudades sin necesidad de desplazarse. La devolución de la licencia, asegura la Junta, está ahora en manos de Fomento.

Pero, para terminar de añadir confusión, un portavoz del ministerio aseguró ayer que la Junta no ha enviado solicitud alguna para asumir las obligaciones de la Fundación Virtus, por lo que, hasta que eso no ocurra, ellos tampoco pueden frenar el expediente de cierre, que sigue adelante. "No vale con que les cedan las instalaciones", explica el portavoz.

Así, entre idas y venidas, el tiempo pasa y las posibilidades de que las cosas se arreglen a tiempo para que los alumnos no pierdan el curso y la licencia se hacen cada vez más y más pequeñas. Aparte de los que están ahora en 2º, también están afectados los que están ya en periodo de prácticas, algunos, en otros países europeos. Por eso los estudiantes siguen adelante con su encierro que les den una solución, les da igual de dónde venga. "No queremos entrar en el juego de los políticos", repetían una y otra vez el pasado viernes. Están dolidos y frustrados. Ya desde el pasado verano, cuentan, las dudas sobre el futuro del centro estaban muy presentes. "Al principio de curso, no sabíamos si alquilar piso o no, pero al final nos dijeron que podríamos terminar el curso", cuentan el salmantino Mario y el sevillano Pedro (de 23 años). Pagan en torno a 450-500 euros al mes de alquiler en pisos compartidos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de noviembre de 2011