Argentina pone a los controladores bajo mando militar

En mitad de un conflicto sindical que llevó el sábado pasado a suspender todos los vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas, con el consiguiente caos en el aeropuerto de Ezeiza, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que los controladores aéreos pasan a depender inmediatamente de la Fuerza Aérea, una militarización de facto con la que pretenden poner fin a lo que califican de huelga salvaje y encubierta.

Las autoridades, que decretaron este fin de semana la suspensión de todos los vuelos internacionales de Aerolíneas, aseguran que el sindicato, la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), ha tomado "como rehenes" a los miles de pasajeros que sufren las cancelaciones y que no ha respetado la conciliación obligatoria ordenada por el Ministerio de Trabajo el viernes. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, mantiene que los dirigentes sindicales quieren forzar su participación en la administración de la empresa. Aerolíneas, que pertenecía al grupo español Marsans, fue nacionalizada en 2009 para convertirse en la compañía de bandera de Argentina.

El secretario general de la APTA, Ricardo Cirelli, niega en redondo que su sindicato esté realizando una huelga salvaje: "La prueba es que algunos aviones de Aerolíneas pudieron operar sin problemas, al igual que los de otras compañías". Según Cirelli, que lleva casi 20 años al frente del gremio, Aerolíneas sufre un grave problema de gestión y muchos vuelos no pudieron realizarse porque varios aviones "de fuselaje ancho", es decir, Jumbos y Airbus 340 que operan trayectos internacionales, están en tierra, víctimas de la negligencia de gerentes inexpertos y desconocedores de las normas de funcionamiento de la industria aeronáutica. "Dos Airbus 340 están en tierra porque el tren de aterrizaje superó en mucho las horas de vuelo sin someterse a la necesaria revisión y Airbus ha exigido que no despeguen hasta superar ese requisito", explicó en una televisión local.

Cirelli critica duramente la gestión de los administradores de Aerolíneas designados a raíz de su nacionalización, en especial la de su titular, el abogado Mariano Recalde, de 39 años, militante de La Cámpora, el movimiento kirchnerista juvenil que fundó el hijo de la presidenta, Máximo Kirchner. En Aerolíneas trabajan además otros destacados dirigentes de la agrupación K, como el economista Axel Kichillof, de la misma edad, subgerente de la empresa y número dos de Recalde.

El secretario de Transporte, Schiavi, consideró necesario el decreto presidencial por el que se traspasa a los controladores aéreos a un mando militar, porque "se ha llegado a una situación límite" y recordó que medidas similares se han tomado en otros países, entre ellos Brasil y España. El Gobierno anunció también que acudirá a los tribunales para intentar quitar "personería" a la APTA, es decir, representación sindical que, de acuerdo con las leyes argentinas, la capacita a negociar en nombre del sector.

Los viajeros afectados por la suspensión de vuelos se quejan sobre todo por la falta de información y por el maltrato. Muchos tuvieron que buscarse hotel por su cuenta, sin saber si les sería abonado por la compañía. Tampoco se distribuyeron vales para las comidas. Los vuelos comenzaron ayer a ser reprogramados, pero hay retrasos y anulaciones. Según datos difundidos con anterioridad, Aerolíneas Argentinas pierde unos dos millones de dólares al día y cuenta con un número desproporcionado de empleados.