Los fiscales discrepan en los casos de bebés robados

Los afectados por los casos de bebés robados en Andalucía hablan de suerte cuando se les pregunta por la evolución de sus denuncias. En Málaga y Cádiz alaban el apoyo y la constancia de sus fiscalías provinciales. En Granada recelan de la facilidad con la que dan carpetazo por falta de pruebas. El pasado marzo, la Fiscalía General del Estado pidió a los jefes provinciales que llegaran hasta el final de los asuntos, pero no todos los fiscales tienen el mismo criterio.

La fiscalía de Málaga estudia minuciosamente 79 casos. No hay archivos. Su responsable, Antonio Morales, defiende el examen detallado de cada expediente. "Siempre tuvimos clara la postura de investigar. Son casos muy difíciles, pero se está haciendo un trabajo muy bueno", asegura.

En Cádiz, la provincia andaluza con mayor número de afectados, el ministerio público trabaja con 200 denuncias y hay una veintena de casos en los juzgados. "Cádiz fue un surtidor de bebés para toda España, hay elementos de la existencia de una trama", defiende Martín de la Herrán, abogado de la Asociación SOS Bebés Robados. Un solo cementerio llegó a registrar en dos meses -entre enero y febrero de 1981- 45 enterramientos, de los que 39 eran fetos.

Ocho de los 20 procedimientos abiertos en los juzgados gaditanos se han archivado, todos por prescripción del delito. La fiscalía recurrió al menos cinco. En tres de ellos se alinea con los afectados y alega que los delitos seguirán vigentes hasta que se deje de limitar la libertad de las víctimas.

La fiscalía de Granada ha archivado 32 de 50 casos, principalmente por falta de documentación o pruebas. "En las denuncias no se daban todos los datos disponibles porque pensábamos que nos interrogarían o pedirían documentación", explica Ángela Sáez, coordinadora de Anadir Granada. Fuentes de la fiscalía aseguran que sí se ha pedido esa documentación, pero que no existe.