Insumisión fiscal contra un Estado quebrado

Después de varias décadas con la factura de la electricidad domiciliada a su cuenta en el Banco Nacional de Grecia, Amalia Vasilakaki se acercó hace unos días a la sucursal más cercana a su casa en Atenas y dio orden de cancelar el pago automático. A partir de ahora, esta profesora de español de 58 años irá cada mes a su banco a ingresar el dinero que ha gastado en luz, pero solo lo que ha gastado en luz. Vasilakaki trata así de buscar un atajo para escabullirse del impuesto sobre las propiedades inmobiliarias que aprobó el Parlamento griego la semana pasada y que se cobra a través del recibo eléctrico. Al diseñar este gravamen, el Gobierno no esperaba encontrarse con un enemigo inesperado: los propios sindicatos de la empresa han animado a sus empleados a no suministrar los datos de los ciudadanos y boicotear así el enésimo impuesto que ahoga a la clase media y baja.

Papandreu dijo que la desobediencia amenaza los pactos con la UE y el FMI

El movimiento Den Plirono (que se podría traducir como "no voy a pagar") amenaza con debilitar aún más las finanzas de un país que lleva meses al borde de la bancarrota y en el que la economía sumergida tiene un peso incomparablemente superior al del resto de Europa. Lo que empezó hace dos años como una protesta más -contra el peaje en un tramo de 500 metros de la autopista de Afidnes, una localidad a 28 kilómetros al norte de Atenas- ha ido creciendo hasta dejar boquiabierto a más de uno. Grupos de ciudadanos se juntaban para levantar las barreras y dejar que los coches circularan libremente.

Era la primera reacción ante el enfado por un sistema que obliga a pagar a priori a las constructoras por las obras que harán en el futuro. Un sistema que encarecía considerablemente un trayecto que muchos tenían que hacer todos los días. El Gobierno se escuda en que los bancos son los responsables del alza de precios, ya que las entidades han dejado de financiar la construcción de las autopistas porque no se fían de la rentabilidad del proyecto y además ven la bancarrota del Estado heleno como una posibilidad muy factible. "Si dijéramos a la banca que renunciara a los contratos, el sector público tendría que pagar 3.500 millones de euros y encontrar otros inversores que financiaran los proyectos", aseguran fuentes gubernamentales.

Tras los peajes, llegaron trenes, metros y buses en localidades como Atenas o Tesalónica. Decenas de griegos furiosos por la subida del precio de los billetes se subían a los medios de transporte en grupo para no pagar. Cometían, además, actos de sabotaje como romper las máquinas expendedoras. Otros protestaron contra el aumento de tres a cinco euros de la tarifa que pagan por ser atendidos por el médico o hacerse un examen en los hospitales.

Varios analistas avisan de que el 'no pago' ahonda los problemas del país

Con la extensión de las quejas, llegaron los apoyos públicos al movimiento de no pagar. El sindicato de la función pública Adedy, que con medio millón de afiliados es el mayor de Grecia, critica el aumento de impuestos como el IVA, que gravan por igual a todos, sin importar su nivel de ingresos, o la doble imposición a la que se somete a los ciudadanos.

"Estas injustas medidas reducen aún más los ingresos de los trabajadores, que las medidas de austeridad ya han rebajado en un 40% o 50%. Por eso apoyamos la campaña Den Plirono y respaldamos a los empleados de la empresa pública de electricidad que no van a cobrar el impuesto a los que no puedan pagarlo. Nuestro lema es 'No tenemos nada. No debemos nada. No pagamos nada", asegura a este periódico Ilias Vrettakos, vicepresidente de la organización.

Políticos de izquierdas y sindicalistas quieren fotografiarse ahora con los impulsores del no pago, pero estos rechazan verse retratados abrazados a los que consideran parte del stablishment. "Ningún político nos ha ayudado. Muchos fingen que pertenecen a este movimiento, pero nuestro éxito radica en que exponemos las necesidades reales de la gente y en que estamos continuamente llevando a cabo acciones. Somos independientes de todos", subraya Leonidas Papadopoulos, que participó en Den Plirono desde sus orígenes. Este oculista de 29 años calcula que son unos 2.000 los militantes implicados en el día a día de la organización, pero está convencido de contar con la simpatía mayoritaria de los griegos.

Como ejemplo de este apoyo, Papadopoulos cita informaciones periodísticas que apuntan a que cerca de dos millones de coches han pasado sin pagar por los peajes griegos en los últimos meses. "Nuestro objetivo no es una ligera reducción en el precio de carreteras u hospitales. Lo que planteamos es que todos, ya sean griegos o emigrantes, tengamos acceso gratuito a las calles, hospitales, medios de transporte y la electricidad", señala.

El mayor sindicato apoya la rebelión de los contribuyentes

Además de contar con la obvia oposición del Gobierno -el primer ministro, Yorgos Papandreu, dijo que la desobediencia civil amenaza con socavar las reformas acordadas con la UE y el FMI-, otros analistas acusan a los impulsores de esta campaña de incidir precisamente en uno de los grandes males que arrastra la economía griega: el sobrepeso de la economía sumergida; y de hacer que haya todavía más contribuyentes que crean que las necesidades de las finanzas públicas no van con ellos.

"Aquellos que pueden hacer frente al desembolso y no lo hacen, independientemente de que digan que solo les mueven los principios, prolongan los problemas que han llevado a Grecia a este colapso y avanzan en la desigualdad entre ciudadanos", subraya Nikos Konstantaras, director adjunto del periódico de centroderecha Kathimerini.

Konstantaras muestra su preocupación por el futuro de la sostenibilidad del Estado. "Con tanto paro y los salarios a la baja, cada vez hay menos gente de clase media o alta que paga impuestos. Y los que lo hacen saben que no recibirán nada a cambio. El resultado es que los contribuyentes honrados con ingresos medios o altos están desapareciendo", añade el periodista Konstantaras.

El objetivo es el acceso gratuito a hospitales, medios de transporte y luz

Pero, ¿es este un movimiento capaz de dañar las ya precarias finanzas del Estado griego o por el contrario es tan solo una muestra de descontento de una sociedad que ya lleva cinco huelgas generales en lo que va de año e incontables manifestaciones? La empresa de electricidad ha asegurado que, pese a los intentos por parte de los sindicatos de bloquear el cobro del impuesto inmobiliario, pondrá en marcha medidas alternativas para asegurar el cumplimiento de la norma.

Los medios de comunicación informan estos días de que la compañía ha enviado miles de facturas a sus clientes. "Los que tengan dinero acabarán pagando, pero hay mucha gente con casas en las provincias por las que su familia no ha pagado nada durante décadas y que no podrán ahora hacer frente al impuesto", sostiene Gikas Jarduvelis, director en los años noventa de la oficina económica del exprimer ministro socialista Kostas Simitis. Este prestigioso economista critica la nueva tasa. "Es un intento a la desesperada por cumplir los objetivos de déficit, en lugar de atacar la gigantesca economía sumergida. El Gobierno cree que si controla la electricidad, puede controlar el dinero de la gente, pero no es así", añade. Es lo que opina también la profesora decidida a evadir el nuevo impuesto que aparece al principio de este reportaje.

La empresa pública eléctrica asegura que recaudará el dinero como sea

Esta no es la única decisión que ha tomado Vasilakaki empujada por la dramática situación del país. La academia privada donde trabaja ha perdido muchos alumnos por la crisis, con lo que sus ingresos se han reducido a unos 400 euros. Para suplir estas carencias, participa cada vez más activamente en el banco de tiempo recién abierto en su barrio. "Ofrezco clases de español, y a cambio un carpintero me puede arreglar algo que necesite, o un fontanero me desatasca un lavabo", explica. Un sistema basado en el trueque que se convierte en otra válvula de escape de una sociedad asfixiada por la recesión, el paro, los recortes sociales y unos impuestos cada vez más insoportables, de los que muchos tratan de escapar.

Las constructoras cobran tasas antes de hacer las obras en las carreteras