Lo que omite el señor Jiménez Villarejo

Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, expresidente del Comité de Ética de la Policía de Cataluña creado por el tripartito y miembro de las listas electorales de ICV (2006), escribía en este periódico un artículo en el que defiende una actuación judicial frente a los ajustes en salud. Sin duda, si existe alguna actuación que haya puesto en peligro la satisfacción de estos derechos no es otra que la mala gestión de los recursos públicos que llevó a cabo el tripartito, que ha dejado a la Generalitat al borde del colapso financiero. Una herencia envenenada que el señor Villarejo no comenta, pero a la que el actual Gobierno se ha visto obligado a hacer frente para salvaguardar el Estado de bienestar. ¿Es denunciable hacer ajustes para salvaguardar el Estado de bienestar y no lo es el desbarajuste total en el gasto público? Es el sinsentido absoluto. Una tesis así solo se puede defender desde un sectarismo ciego.

Algunos datos, que no son opinión, sino constatables y contrastables, y que el señor Villarejo ignora u omite. Sin ellos, sin tenerlos presentes, todo lo que sea dicho por personas con clara vinculación política es un ejercicio de pura demagogia y agitación.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, en una reunión el 24 de noviembre de 2010, aseguró que el déficit de Cataluña era del 2,4% del PIB. Un año más tarde, descubrimos que el PSC y el PSOE engañaron a todos los ciudadanos haciendo pública una cifra muy inferior a la real, que es el 4,2% del PIB o, lo que es lo mismo, 8.350 millones de euros de déficit, el doble de lo autorizado. El tripartito se marchó dejando como herencia un total de 54.000 millones de euros pendientes de pagar en el futuro. Y como fruto de esta gestión irresponsable, la Generalitat deberá pagar, durante el año 2011, cuatro millones de euros diarios en concepto de intereses, una cifra que aumentará hasta los seis millones diarios en 2012. Señor Villarejo, ¿hay que pagar los intereses, los créditos y las facturas pendientes o prescindimos de ello?

Los ejemplos de este cráter en las cuentas públicas son numerosos. En sanidad y durante 2010, el tripartito dejó, en solo un año, 835,5 millones de euros en facturas pendientes de pago y 125 millones de euros en compromisos de inversiones para 2011 que no estaban presupuestados. A finales de 2010 había 54.627 expedientes de ayuda a la dependencia sin resolver y 130 millones de euros destinados a ayudas para las familias con hijos a cargo sin pagar. ¿Se paga o prescindimos de ello?

El señor Villarejo argumenta que todas las Administraciones tienen la obligación de "disponer de recursos suficientes y garantizar la prestación de los servicios correspondientes", y esto es algo que parece evidente que el tripartito no cumplió. Por tanto, si la coherencia fuera un criterio en su actuación, no le queda otra alternativa que presentar una querella contra el anterior Gobierno, responsable de la situación financiera actual y de la nefasta gestión de numerosos organismos públicos. Otro ejemplo: la Agencia Catalana del Agua (ACA) acabó el ejercicio de 2010 con un déficit de 106,4 millones de euros, 1.368 millones de endeudamiento vivo y 253 millones de convenios firmados sin partida presupuestaria, dejando en situación de quiebra a la entidad responsable de un servicio tan básico como el abastecimiento de agua. ¿Es el modelo de gestión que nos propone?

Las políticas de ajustes presupuestarios no se hacen por capricho ni por ideología, sino que son imprescindibles para garantizar la continuidad del Estado de bienestar y evitar que se desmorone. Lo hacemos nosotros como lo hacen todos los Gobiernos serios de Europa. Porque si no, la alternativa es Grecia. ¿Nos propone eso?

El Gobierno de Cataluña ha asumido la responsabilidad de explicar a la ciudadanía, con transparencia y claridad, la situación y ha tomado las medidas necesarias, aunque algunas resulten impopulares, para la recuperación del país. Se puede entender que algunas de estas medidas, necesarias e imprescindibles, provoquen cierto malestar en la ciudadanía. Lo que no se entiende es que algunos, con conocimiento de causa, intenten utilizar dicho malestar con fines partidarios y partidistas.

Jordi Turull i Negre es portavoz de CiU en el Parlament.