Fin de la veda hotelera en Ciutat Vella

Naif Art es el único comercio de la calle de los Lledó, en el Barri Gòtic de Barcelona, que "resiste", en palabras de su propietario, el artista -naif -Juan Sánchez. En la última década esa calle, como otras tantas de Ciutat Vella ha mudado su piel. Las viviendas se han transformado en apartamentos y hoteles. La tienda de barrio ha cedido el paso al comercio de diseño y de moda, orientado al turismo. En la calle de los Lledó se está construyendo un hotel de cinco estrellas: La Kitania, y de autor: el arquitecto Rafael Moneo. La peculiaridad del futuro hotel, de 25 habitaciones, es que sigue el trazado de la muralla. Justo frente a ese inmueble se rehabilitó un palacio y hoy es un edificio de apartamentos turísticos. Un moderno spa -con aires de termas romanas -y tiendas de diseño completan el panorama de una calle de la que ha desaparecido todo resquicio añejo.

"Hay espacio para hoteles pequeños, de lujo", afirma la concejal Homs

Barcelona puso freno a más plazas en 2005 y cortó en seco en 2010

La asociación de apartamentos trata de evitar la mezcla de turistas y vecinos

¿Mejor o peor? Sánchez, desde la puerta de su establecimiento, reconoce que tiene contradicciones. "La calle estaba muy deteriorada y todo eso ha cambiado a mejor, pero todo es todo muy caro. Sobre todo la vivienda", matiza. Por la calle, la mayoría son turistas con la cámara al cuello.

Mercè Homs, la concejal de Ciutat Vella, está convencida de que la apertura de este hotel "dignificará la zona". Y ese es el argumento del gobierno de Xavier Trias para abrir la veda a los hoteles "de lujo" en el distrito.

Según el informe del plan estratégico del turismo, Ciutat Vella concentraba el 39% de la oferta hotelera en 2008. Este porcentaje ha bajado en los últimos años por varios motivos: uno es que la oferta hotelera en otras zonas de la ciudad ha crecido; otro, el efecto de la crisis económica, y el tercero está relacionado con las restricciones de la normativa de Ciutat Vella, que empezó a poner freno a la voracidad hotelera con el plan de usos en 2005 y cerró el grifo casi en seco con el renovado plan de 2010.

Además de hoteles hay 616 apartamentos turísticos con licencia en regla principalmente en el Raval, el Barri Gòtic, el Casc Antic y la Barceloneta. El problema es que no se sabe cuántos pisos funcionan como apartamentos turísticos sin tener licencia.

Las normas restrictivas que aprobó el último gobierno de izquierdas de la ciudad son las que se modificarán. Eso da por seguro el actual gobierno de CiU, formación que se abstuvo cuando se votó el plan de usos de 2010. Cuenta, además, en su empeño con el apoyo del Partido Popular.

"Hay espacio para hoteles pequeños, de lujo. Son los que atraen al turismo que no causa problemas", sostiene la edil Homs. Todo lo contrario opina la oposición, formada por el PSC, ICV-EUiA y UpB, que en el último pleno de Ciutat Vella aprobaron iniciativas que van en sentido contrario a lo que dice la edil. Ganaron los nueve consejeros que sumaron, frente a los ocho de CiU y el PP. Pese a haber perdido, Homs insiste en que las normas se revisarán. Cuándo, no lo dice. Eso sí, apela al diálogo entre todas las partes implicadas.

"El alcalde Xavier Trias se ha hartado de decir que siempre se hará lo que diga la mayoría, ¿en qué quedamos?", se pregunta la socialista Sara Jaurrieta. La misma contradicción política se produjo en el mandato anterior en el distrito de Sarrià, donde la mayoría era de CiU y el PP, pero era finalmente el criterio del bipartito el que se imponía con el concurso de ERC.

El impacto del turismo en la ciudad de Barcelona es creciente: representa el 16% del PIB de la ciudad. En la ciénaga de la crisis, es de lo poco que funciona."Es que el turismo genera empleo y actividad en el comercio y restauración, pero todo tiene un límite y en Ciutat Vella el impacto del turismo lleva camino de arrasar el territorio", así opina el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB), Jordi Giró. Cree que lo más conflictivo son los apartamentos turísticos abiertos en inmuebles con residentes y demanda al Consistorio que escuche todas las opiniones antes de revisar el plan de usos. "A este paso, el vecino de Ciutat Vella será una especie en riesgo de extinción", añade.

Abrir el grifo a más hoteles y apartamentos turísticos -la edil habla de revisar licencias- supone, en opinión del arquitecto Josep Maria Montaner, saturar más un territorio ya al borde del colapso. "El exceso de turismo acaba desplazando a la población", señala. Es un hecho que donde hoy hay hoteles hace años había inmuebles de residentes. Muchos eran fincas en régimen de propiedad vertical, con inquilinos que se fueron marchando, algunos porque así lo quisieron, otros empujados por las circunstancias personales (en las fincas sin ascensor el acceso es difícil para las personas mayores), y muchos acabaron cediendo a la presión de un mobbing sostenido, cuando no desalmado.

Modificar las actuales restricciones al negocio hotelero, sobre todo a los apartamentos turísticos, podría suponer más presión al residente. La asociación que agrupa a los apartamentos turísticos, Apartur, ve con buenos ojos la posibilidad de ampliar el negocio. "El problema no son los apartamentos que estamos legalizados, sino los que funcionan de forma ilegal, los piratas", sostiene el presidente de la asociación, David Riba. Opina que en la medida de lo posible hay que evitar mezclar vecinos y apartamentos turísticos, pero reconoce que ningún empresario ha dado un paso para intentar reunir las licencias en un edificio, algo que prevé el plan de usos de Ciutat Vella. "Es algo muy complicado", añade. "Lo es", admite también la edil, que no precisa de qué manera intentará resolver esa realidad. Riba niega, además, que el turismo más conflictivo sea el de los apartamentos. "El 40% de nuestros clientes son familias", dice. Y echa la culpa a los pisos de estudiantes y albergues juveniles. "Los excesos se deben denunciar. Los apartamentos que estamos legalizados tenemos la obligación de tener un teléfono las 24 horas", afirma. La cuestión es que cuando hay denuncias y la Administración interviene -si lo hace-, la resolución es lenta. Suelen pasar meses antes de una clausura de un apartamento ilegal. Y mientras, el vecino se desespera.