Mena aún debe evaluar 2.900 casos de la renta mínima

El Gobierno catalán tuvo que aguantar ayer un chaparrón de críticas de sindicatos, patronales y entidades sociales en el Parlament. Estos, además de denunciar la gestión de la crisis que provocó en agosto el cambio por sorpresa en el pago de la renta mínima de inserción (RMI) y el posterior endurecimiento a su acceso, reprocharon al Ejecutivo que no haya sido capaz de crear una política de empleo. La modificación del pago dejó a 6.000 personas sin cobrar los 426 euros de la ayuda. Aún hoy quedan 2.900 expedientes por "verificar", según el Departamento de Empresa y Empleo, que dirige Francesc Xavier Mena.

El dato de los 2.900 beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI) pendientes de examen fue el único que ayer dio el Ejecutivo catalán a través del director general de Cooperativas y Economía Social, Xavier López. La Generalitat siguió sin aclarar si lo hizo para que afloraran casos de fraude o en el marco de los recortes del gasto público. "Creemos que se hizo por las dificultades presupuestarias del Gobierno, porque no vemos que el fraude sea una razón de peso. Y en ese caso, las medidas habrían sido desproporcionadas", zanjó Antoni Codina, representante de la Mesa del Tercer Sector. La diputada del PSC Eva Granados denunció que "10 semanas después del caos de la RMI" que, a su juicio, provocaron los consejeros de Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries, y de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, el Gobierno "se negó a facilitar ningún dato, si es que lo tiene, sobre el supuesto fraude que los llevó a modificar la gestión del pago".

Al Ejecutivo de CiU, no obstante, le llovieron críticas de todas partes. Por la mañana, sindicatos, e incluso la patronal, le afearon que no tuviera una política de empleo, mientras que por la tarde las entidades del tercer sector le recriminaron la falta de una estrategia de cohesión social. Si el actual Gobierno es partidario de subsidiar, razonaron, que impulse los planes de empleo. "Si quieren que las personas no tengan que hacer uso de las ayudas sociales, que pongan en marcha planes de trabajo, como se hizo en crisis anteriores", sostuvo la presidenta de la Asociación para la Promoción y la Inserción Profesional, Montserrat Font. "En la década de 1980, los servicios sociales eran también generadores de empleo", recordó.

La realidad, sin embargo, es otra. Lo puso de manifiesto el representante de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Jordi Serra, que puso como ejemplo la situación en la comarca de Osona, donde desde marzo se amontonan 177 expedientes por resolver y solo cuentan con 25 plazas en cursos de reinserción laboral. Granados, de hecho, alertó que está viendo en los Ayuntamientos cómo por cada expediente que se ha negado o suspendido hay tres de personas que tienen derecho a la RMI y no la reciben.

Hoy hay 690.000 parados en Cataluña, según la Encuesta de Población Activa (EPA), de los cuales 161.000 no tienen ingresos, y la tasa de paro juvenil está ya en el 46,12%. Los agentes sociales coincidieron en calificar la situación de "alarmante" y de "urgencia social". Los sindicatos CC OO y UGT incidieron especialmente en la necesidad de impulsar planes de empleo, pero también advirtieron de que la crisis es de tal calibre que el paro también golpea perfiles de alta formación. "Se puede mejorar la ocupación, pero hay gente que no lo necesita, simplemente no hay trabajo para ella y necesita ayuda. Dudo que nadie aspire a vivir con 400 euros al mes", recordó Raquel Gil, de UGT.

Es más, el coordinador de Cruz Roja, Enric Morist, alertó de que la mitad de las personas que reciben la RMI son "recién llegadas a la exclusión social, nunca la habían cobrado", lo cual rompe el tópico de que sus perceptores acaban por acomodarse en el cobro de la prestación para no buscar empleo. "Hemos tenido un 27% de éxito con la inserción en plena crisis con el colectivo de perceptores de la renta mínima. Si se dedica tiempo y hay dedicación transversal, funciona bien", añadió.

Las entidades sociales coincidieron en reprochar al Gobierno de Mas que no tenga una hoja de ruta para garantizar la cohesión social por la crisis y a Mena que no se haya reunido aún con muchas de ellas. "La crisis de agosto sobre los cheques dejó al descubierto que no hay una visión clara sobre los desafíos para garantizar la cohesión social", dijo con rotundidad Xavier Orteu, representante de las Entidades Catalanas de Acción Social. Las organizaciones sin ánimo de lucro, además, recordaron a Mena que poner límites a la RMI saldrá caro. "Dicen que se ahorran 53 millones. Eso quedará superado por los costes sociales y que serán externalizados a las entidades sociales", lamentó Codina.