Los jueces condenan el asalto de los Mossos a la Ciudad de la Justicia

Los Mossos d'Esquadra se han ganado una de las reprimendas más serias de su historia por haber irrumpido en los juzgados de Barcelona. Lo hicieron sin previo aviso, sin el consentimiento de la juez decana, de forma ruidosa -con medio centenar de antidisturbios- y solo para detener a un puñado de indignados que se habían entregado y esperaban en la cafetería de la Ciudad de la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido una condena pública y sin paliativos de la estrepitosa actuación policial del pasado jueves que amenaza con fracturar las relaciones institucionales.

El acuerdo que aprobó ayer, por unanimidad, la Sala de Gobierno del TSJC rechaza de forma tajante una intervención policial "manifiestamente desproporcionada" que supone, además, "un claro abuso en el ejercicio de la fuerza". "Lo más grave" de la inédita escena que se vivió el jueves es que los seis detenidos habían acudido, de forma voluntaria, al juzgado de guardia. Allí dejaron constancia de su domicilio y mostraron su disposición a declarar ante la Audiencia Nacional. Los jóvenes están acusados de participar, el pasado 15 de junio, en el cerco al Parlament y el acoso a diputados. El alto tribunal les imputa un delito contra las instituciones del Estado, castigado con penas de entre tres y cinco años de cárcel.

Mientras "esperaban la decisión judicial sobre su situación", relata el acuerdo, los jóvenes fueron sorprendidos en la cafetería de la Ciudad de la Justicia por los agentes de la Brigada Móvil (antidisturbios) y trasladados en furgonetas a comisaría. Las detenciones fueron, ante esas circunstancias, "absolutamente innecesarias" para la investigación, concluyen los jueces.

Para los Mossos, el varapalo es mayúsculo. Por la contundencia del mensaje y, también, porque la resolución cuestiona la capacidad de los mandos policiales e insinúa que el Departamento de Interior debe tomar medidas por lo ocurrido. "El comportamiento de los mandos responsables de esta incalificable operación solo puede entenderse desde el más absoluto desprecio a los derechos individuales de los ciudadanos y el respeto que merecen los tribunales de justicia como garantes de estos derechos; responsabilidades estas que por su extrema gravedad deben depurarse", señala el texto. La policía catalana sostiene que actuó bajo las órdenes de la Audiencia, aunque fuentes del alto tribunal aseguran que no ordenaron detener.

El acuerdo del TSJC se adoptó tras examinar los informes presentados por la juez decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, y por el juez de guardia, Josep Maria Miquel Porras, sobre los hechos.En ambos informes, los jueces describen con precisión cómo se desarrolló la jornada del jueves. Todo comenzó sobre las once de la mañana, con la llegada de nueve indignados. El juez de guardia informó de la presencia de los jóvenes a la Audiencia Nacional, que investiga el caso, para saber cómo debía proceder; pero no encontró al juez instructor, Eloy Velasco. Sí lo hicieron los Mossos d'Esquadra, que, alertados por su jefe en la Ciudad de la Justicia, solicitaron su autorización para actuar. Velasco les dijo que procediesen "como han hecho hasta ahora". Y los Mossos, que ya habían practicado detenciones de indignados por el 15-J los días previos, interpretaron que debían proseguir con los arrestos.

La llegada de los antidisturbios cogió al juez de guardia fuera del recinto judicial. Cuando fue alertado de los hechos, montó en cólera y entró en el vestíbulo del recinto exigiendo mantener una reunión con los responsables del dispositivo. Al llegar a su despacho, comprobó que la Audiencia Nacional le había indicado que debía inhibirse porque ya había dado a la policía autonómica las instrucciones oportunas. La juez decana, en cambio, se encontraba comiendo en la cafetería y presenció las detenciones. Pero ni uno ni otro juez fueron alertados de la actuación.

Poco después del suceso, el TSJC envió un comunicado público en el que aseguraba que la Audiencia Nacional comunicó "al juzgado de guardia que la actuación de los Mossos se había hecho siguiendo órdenes directas suyas". Días más tarde, fuentes del alto tribunal sostuvieron que solo encargaron a los Mossos que tomasen declaración a los indignados y les citasen a declarar. La forma de obedecer esas órdenes es una cuestión operativa y, por tanto, es la policía la que debe decidir cómo actuar.

La falta de comunicación a los jueces es otro de los puntos que critica con dureza el TSJC. Según el tribunal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que, antes de desplegar un operativo policial, los mandos deben recabar la autorización del responsable de las instalaciones. En este caso, de la juez decana de Barcelona. El jefe de los Mossos en la Ciudad de la Justicia alertó por teléfono a María Josep Feliu de la operación, pero apenas unos minutos antes de que se produjera. Un aviso que, según fuentes judiciales, resulta insuficiente.

"Las formas no fueron las adecuadas", admiten fuentes policiales, que aseguran que se analizará la actuación por si deben tomarse medidas. "Quizá podría haberse hecho la operación con agentes no uniformados", conceden. "Podríamos haber esperado a que los indignados salieran a la calle para detenerles allí. Así, nada de esto habría pasado", añaden otras fuentes.

La policía autonómica decidió enviar a la Brigada Móvil por el poder de convocatoria del 15-M, lo que podría llegar a producir problemas de orden público. Lo cierto es que en esos momentos no había nadie en las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia apoyando a los imputados.

El acuerdo del TSJC ha caído como un jarro de agua fría en el seno de los Mossos. "No esperábamos que fuese tan duro", han indicado esas mismas fuentes policiales. "Es muy grave", han añadido otras fuentes del cuerpo. Oficialmente, el departamento dirigido por Felip Puig optó por guardar silencio, aunque el viernes pasado el director general de la policía, Manel Prat, admitió "descoordinación" entre todos los órganos implicados en el suceso.

La resolución del TSJC amenaza con abrir una brecha en las relaciones entre los Mossos y la judicatura, que han pasado por momentos difíciles desde que, en 2005, la policía autonómica asumió las competencias de orden público en Barcelona. Las disputas llegaron a su cénit en noviembre de 2008, cuando el entonces juez decano, José Manuel Regadera, acusó a los Mossos de filtrar información a los medios -como el positivo de alcoholemia de una magistrada- para ocultar los casos de malos tratos en comisaría.

La detención de los 22 jóvenes imputados está justificada, según los Mossos, porque es necesario reforzar las pruebas contra ellos para acreditar su participación en los incidentes. El arresto permite tomarles fotografías que podrán contrastarse con las que captaron las cámaras de televisión.