Mas-Colell paga lo mismo que Castells

La crisis de la deuda soberana, que se está cebando con España e Italia, y las rebajas del nivel de riesgo de la Generalitat por parte de las agencias de calificación han acabado por encarecer la deuda catalana. El Gobierno de CiU confirmó ayer que este mes pondrá en marcha una nueva emisión de bonos para inversores particulares de 3.000 millones de euros, ampliables hasta 4.000 millones. Los compradores recibirán una remuneración del 4,75% a un año y del 5,25% a dos años, lo cual supone medio punto más de lo que percibieron quienes adquirieron bonos públicos el pasado mes de mayo.

La emisión a un año tendrá el mismo precio que en noviembre de 2010, cuando el exconsejero Antoni Castells tuvo que aceptar un cupón del 4,75%. Entonces, CiU, desde la oposición, criticó duramente que los intereses eran excesivamente altos y la emisión, por tanto, muy cara para las arcas públicas. A raíz del coste de esa operación el ahora presidente, Artur Mas, sostuvo que el Gobierno estaba dejando a Cataluña "pelada y arruinada".

La Generalitat planteó a los bancos que la emisión tuviera tres tramos: uno a 12 meses con un cupón del 4,25%, otro a 24 meses con una remuneración del 4,75% y un tercero a 36 meses al 5,25%. Las entidades colocadoras, sin embargo, presionaron para elevar ese cupón en medio punto y rechazaron la operación a tres años.

Los inversores particulares podrán adquirir deuda pública -a razón de 1.000 euros por bono- a partir del 24 de octubre y hasta el 14 de noviembre. La Caixa, Catalunya Caixa y Banc Sabadell serán los encargados de colocar la inversión. A cambio, las entidades recibirán una comisión que irá del 2% al 2,2%, que sí es inferior al 3% que debió pagar el tripartito el año pasado.

Una vez termine el periodo de comercialización, el desembolso se realizará el 21 de noviembre, fecha en la que vencen los primeros bonos catalanes que el Gobierno tripartito emitió el año pasado. El Gobierno pretende así convencer a los ciudadanos a los que se les termina su inversión de que vuelvan a confiar el dinero a la Generalitat. En esta ocasión no habrá prorrateo y cada entidad tendrá asignado un tope de bonos.