Las universidades irán a los tribunales

Las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III, Alcalá y Rey Juan Carlos) tendrán un nuevo sistema de financiación "por objetivos, plurianual y que dé estabilidad a los órganos rectores". Así lo definió ayer la consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, en su primera comparecencia de la legislatura en la Asamblea de Madrid. Figar no ofreció más detalles del modelo de pago, que quedó en entredicho después de que la Comunidad dinamitara en 2009 un acuerdo previo, firmado en 2007 y con vigencia hasta 2011. La Comunidad tiene pendiente esa negociación con los rectores de la pública, que están dispuestos a sentarse a revisar las cuentas pero no renunciarán a reclamar los atrasos por vía judicial.

Los rectores quieren cerrar con la consejería una nueva forma de pago antes de que acabe el año, según indicó ayer Javier Uceda, presidente de la Conferencia de Rectores de Madrid. "Lo hemos tratado muy superficialmente hasta ahora, pero ya hemos solicitado una reunión con la consejera", indica el también rector de la Universidad Politécnica de Madrid. Uceda puso ayer algunos ejemplos de a qué puede referirse una financiación "por objetivos": establecer una correlación entre el número de alumnos matriculados y los que terminan obteniendo un título, o revisar las titulaciones con menos estudiantes.

La consejera señaló ayer en la comisión, ante una observación del portavoz de UPyD, que no comparte que sobren universidades en Madrid, pero sí cree que se pueden ajustar las titulaciones. La idea coincide con un viejo planteamiento de los rectores, que estudian fusionar las carreras menos demandadas de las universidades públicas en un solo centro.

Más allá del dinero que les pueda corresponder en el futuro, los rectores no renuncian a lo que perdieron en el pasado. En plena polémica por los cambios en el plan de financiación, a finales de 2009, contabilizaron más de 250 millones en atrasos entre inversiones y gasto corriente.

Según Uceda, cinco de las universidades públicas presentarán "en breve" una demanda conjunta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para reclamar esas cantidades. Siguen la senda que marcó la Complutense, que ha ganado parcialmente dos de las reclamaciones presentadas por este asunto ante los tribunales. El último fallo, conocido ayer y ante el que cabe recurso, establece que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre debe 43,3 millones euros para obras a la universidad presencial más grande de España, un dinero que comprometió en el citado plan regional de inversiones.

Las cantidades reconocidas en ese documento "son de abono obligatorio por parte de la Comunidad", según el TSJM, que considera "intrascendente" el hecho de que se recogieran o no los créditos necesarios para cumplir el convenio en la Ley de Presupuestos y abre la puerta a que el resto de las universidades que suscribieron aquel acuerdo pidan la ejecución de su contenido. Otra sentencia, notificada en febrero, desestimaba los 31,5 millones que reclamó la Complutense por el aumento de las pagas extraordinarias.