La entidad metropolitana da vía libre a la subida del 150% de la tasa de basura

La tasa de la basura de Valencia y su área metropolitana subirá antes de final de año de 22,20 euros anuales a 56, un incremento del 152% que los socialistas volvieron a rechazar ayer por considerarlo abusivo e injustificable. El PP impuso en agosto con sus votos en el organismo metropolitano de los residuos (Emtre) un aumento que triplicaba el recibo -con un coste de 69,69 euros para los hogares-, pero el presidente de la entidad, el concejal popular de Valencia Ramón Isidro Sanchis, dio marcha atrás y llevó ayer a la comisión de gobierno una propuesta aprobada por los miembros de su grupo que suaviza la tasa a las viviendas y la deja en 56 euros -a los comercios les rebajó solo 80 céntimos y pagarán 139 euros-.

Sanchis aceptó una de las alegaciones de la oposición para sacar del cálculo de la tasa los intereses de demora de la entidad, un concepto que tanto para el PSPV como para Compromís no puede repercutir en los usuarios. Los socialistas consideraron "totalmente insuficiente" la reducción y su portavoz, Salvador Soler, insistió en que "hay entre 18 y 20 millones de euros de sobrecostes" de las plantas de tratamiento que pagarán los vecinos cuando "no forman parte real del coste" de la gestión de la basura. El PSPV presentó al Emtre un recurso contra la aprobación provisional de la tasa en agosto que ha sido rechazado, por lo que estudiará abordar la vía judicial, indicó Soler.

El portavoz de Compromís, Josep Vicent Bort, se abstuvo en la votación con el argumento de que hay "un margen para la negociación" antes de la aprobación definitiva de la tasa en la asamblea de la semana que viene. Bort celebró que el PP admitiera la alegación sobre los intereses de demora, pero insistió en que debe bonificarse a las familias numerosas y sin recursos y primar al que genere menos basura.

La Emtre ha vinculado la nueva tasa al cobro de la deuda histórica del Consell con la entidad, por lo que ayer aprobó también un requerimiento a la Generalitat para que pague. Soler exigió un informe que aclare esa deuda, estimada en 23 millones de euros que "solucionarían de golpe" los problemas de la entidad.