La fiesta se apaga

Cuando el próximo domingo finalice la corrida en la que están anunciados los diestros Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín, las puertas de la plaza Monumental de Barcelona se cerrarán para siempre.

Esa tarde, con toda seguridad, la esquina entre la Gran Vía y la calle de la Marina, colindante con el viejo coso de El Sport, será un día más escenario de encendidos enfrentamientos verbales entre aficionados y antitaurinos ruidosos, airados y vehementes. Pero seguro que la guerra no pasará a mayores; las actitudes de unos y otros demuestran que la pasión va intrínsecamente unida a este espectáculo que un día fue santo y seña de este país, y que hoy naufraga en medio de un mar embravecido de problemas.

El toro ya no es ese ejemplar poderoso de antaño, sino un enfermo inválido. En su mundo se ha abierto paso el fraude

El número de festejos ha descendido un 34,25% en España en los últimos cuatro años y un 51,76% en Andalucía

Pero lo cierto es que los toros no volverán a Cataluña; al menos, mucho tendrían que cambiar las cosas para que vuelva a abrirse la puerta de toriles de la plaza Monumental. Está pendiente de resolución, no obstante, un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra el acuerdo del Legislativo catalán, y la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña tiene en marcha una recogida de firmas para presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) que pretende amparar la fiesta como bien de interés cultural. Según los organizadores, han conseguido hasta ahora el apoyo de 300.000 personas, pero deben alcanzar la cifra de 500.000 antes del 12 de noviembre.

Lo que está claro es que la prohibición es una realidad. La política catalana ha entrado de lleno en los toros y, por razones que nada tienen que ver con la defensa de los animales (de hecho, los correbous siguen contando con el amparo público), ha asestado la puntilla a una tradición ciertamente alicaída y con escaso eco social, pero que no merecía una erradicación definitiva.

En Cataluña, el taurinismo ha perdido la partida por la presión continuada del nacionalismo y, también, por la absoluta desidia de los protagonistas de la fiesta. En el resto del país, los toros viven en una encrucijada, casi en vía muerta, por muchas y variadas circunstancias.

El desinterés continuado de los distintos Gobiernos centrales, la crisis económica, la decadencia del toro bravo, las caducas estructuras del negocio, la desunión e intereses de los distintos sectores profesionales, unos canales representativos propios del sindicato vertical, la presión política y social de los antitaurinos, la huida de los aficionados y la presencia casi constante del aburrimiento en las plazas son algunos de los síntomas que conforman un presente preocupante y un futuro cargado de interrogantes.

En el verano del pasado año, este periódico publicó los resultados de una encuesta sobre el interés que despiertan los toros en la sociedad española: se declaraban aficionados el 37% de los ciudadanos y el 60% afirmaba que no le gustan. Contrastan estos datos con la importancia capital que el espectáculo taurino ha mantenido durante casi todo el siglo XX, y evidencian el paulatino cambio de los usos sociales, una creciente sensibilidad sobre la protección a los animales y la persistencia de un espectáculo anclado en el pasado, caduco y aburrido casi todas las tardes, que ha conseguido que muchos aficionados desertaran de las plazas. A pesar de ello, los toros siguen siendo el segundo espectáculo de este país que reúne a un mayor número de espectadores.

Y cuando el sector trataba de reponerse de la prohibición catalana, el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció en otoño que los toros pasarían de Interior -responsable de los asuntos taurinos por aquello del orden público- al Ministerio de Cultura. Así, el pasado 31 de agosto, el BOE publicó el real decreto que formalizaba el traspaso, lo que ha llenado de gozo al sector. Y tiene motivos para ello, pues tal decreto reconoce a la tauromaquia "como una disciplina artística y un producto cultural", aspiración permanente de todos los amantes del toreo.

Ocurre, sin embargo, que todas las competencias taurinas están transferidas a las Comunidades Autónomas, a excepción de los registros administrativos. Permanece, no obstante, la esperanza de que Cultura "fomente y proteja los toros en atención a la tradición y vigencia cultural de la fiesta", según se afirma en el real decreto, y que el Ministerio inicie el proceso administrativo y legislativo necesario para que las corridas contribuyan con el 8% de IVA, como todos los actos culturales, y no con el 18% actual.

Pero este paso adelante, de indudable importancia para la fiesta, no oculta, ni mucho menos, sus graves carencias.

El toro, el gran protagonista, ya no lo conoce ni el que lo fundó. Hoy por hoy, es un animal desnaturalizado. Con contadas excepciones, ya no es ese ejemplar poderoso y altivo de antaño, sino un enfermo inválido que produce lástima. En su mundo se ha abierto paso el fraude con arbitraria impunidad. Existe, por ejemplo, la sospecha generalizada de que pocos toros salen al ruedo con los pitones intactos, y es un tema tabú hablar de sustancias (drogas, al fin y al cabo) que modifican el comportamiento de los animales.

Al servicio de las figuras están los ganaderos. Ellos son auténticos genetistas autodidactas y se devanan los sesos para que la fiereza de antaño ("profesionales de la furia" los llamó Ortega y Gasset) no derive en aburrida dulzura. Pero seleccionan sin un modelo y manejan condiciones tan escurridizas como la casta, la bravura o la nobleza no en beneficio de la propia fiesta, sino de su cliente, que es el torero.

No abundan además los ganaderos profesionales y son legión los que han llegado a la dehesa procedentes de los altos beneficios del ladrillo, y que no pretenden obtener un beneficio económico, sino un disfrute personal. En total, en el registro oficial figuran 1.350 empresas ganaderas, repartidas entre cinco asociaciones diferentes. Todas las fuentes consultadas coinciden además en que la cría del toro bravo es un mal negocio. Los precios de venta se mantienen (criar un toro de cuatro años cuesta entre 4.500 y 5.000 euros, y el precio de una corrida se mueve entre 24.000 euros para las plazas de tercera y 90.000 euros para las de primera categoría) y no han cesado las subidas de todos los costes fijos que intervienen en la producción. Las fincas ocupan más de 500.000 hectáreas de dehesa, y la cabaña brava consta de 135.000 vacas en edad de reproducir.

La crisis económica es otra pesada losa de efectos perniciosos para la fiesta de los toros. De hecho, según datos del Ministerio del Interior, del año 2007 a 2010, el número de festejos taurinos ha disminuido un 34,25%: 2.622 en 2007, 2.218 en 2008, 1.848 en 2009 y 1.724 en 2010. Andalucía, que es la comunidad donde se celebran más espectáculos, ha disminuido el número en un 51,76% en el mismo periodo.

Y el Gobierno... Los Gobiernos democráticos de este país no se han distinguido nunca por su apoyo a la fiesta de los toros. Ni sus presidentes. Desde el 14 de octubre de 2006 no se retransmite por TVE una corrida.

¿Y el futuro? Quién lo sabe... La esperanza de la necesaria revolución se llamó José Tomás, pero una gravísima cornada en Aguascalientes ha frenado, por ahora, su ánimo y el de todos.

El sector está necesitado de una imprescindible renovación, que va más allá de la declaración de bien de interés cultural acordada por Francia, las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Murcia y diversas ciudades. La fiesta debe adaptarse a la modernidad. Sobran ganaderías, toreros (están registrados 712 matadores de toros), empresarios (327) y, sobre todo, sobran posturas individualistas e insolidarias, y faltan defensores de la pureza y de los intereses de los espectadores.

Los datos económicos del sector (2.500 millones de euros de facturación, lo que supone el 0,25% del PIB y ofrece trabajo directo a 200.000 personas) así lo exigen.