PSOE e IU fuerzan la exclusividad de los alcaldes con el rechazo del PP

Socialistas y populares comprimieron en el pleno parlamentario de ayer -el primero ordinario de la legislatura- la prolija lista de argumentos (y diatribas) que han venido deslizando a favor y en contra de la iniciativa del PSOE de hacer incompatibles a partir de las próximas elecciones autonómicas de marzo los cargos de alcalde y diputado. El resultado del debate, por lo tanto, fue una sonora bronca entre estos dos grupos, a la que sumó también IU, que la apoya, con mucha menos acritud.

Lo que la Cámara hizo ayer es dar luz verde a una batería de reformas en materia de transparencia para que se tramiten en comisión y se aprueben definitivamente de aquí a final de año, antes de que se convoquen los comicios. Son muchas las medidas, que tocan cuatro leyes, pero la que ha levantado realmente ampollas y una ruidosa revuelta en las filas populares es la que decreta la exclusividad de los alcaldes. El grupo parlamentario tiene a 17 regidores (el mayor número que ha registrado en la historia de la Cámara) con este doble cometido y ha encajado la reforma como un brutal embate hacia el activo más potente de Javier Arenas, que ha colocado a sus alcaldes en la primera línea de su asalto a San Telmo.

Unanimidad de los tres grupos para introducir el 'Escaño 110'

Arenas repitió una foto, que ya propició antes de las vacaciones de verano, rodeado de sus regidores en las puertas del salón de pleno por la mañana para foguear el debate vespertino.

En el mes de julio, cuando se llevó a pleno el paquete de iniciativas, como el fruto de una comisión de trabajo de todos los grupos, el PP protagonizó una sonada algarada. Esta vez, el tono ha sido algo más moderado, si bien en su intervención, Antonio Sanz, secretario general del PP, no escatimó en grandilocuencia y vaticinios apocalípticos. Habló de final de la democracia, de atropello sin precedentes, de ruptura de las reglas del juego... Incluso acusó a los socialistas de apoyar que Bildu ("los amigos de los asesinos") esté en las instituciones, mientras que expulsa a los ganadores de las elecciones. "Es una vergüenza, ¡Ole la coherencia del PSOE!", dijo, y remató: "Tapar la boca a los alcaldes es tapar la voz del pueblo".

El socialista José Muñoz contrapuso razones que él estimó de sentido común: los políticos tienen que dedicarse en cuerpo y alma a lo que esperan los ciudadanos y dar ejemplo; y si se compatibilizan dos tareas públicas, ninguna se hace bien. "No se puede estar en misa y repicando", resumió Muñoz, que tampoco se anduvo con paños calientes: "Antes no tenían cargos, y ahora que los tienen, porque es verdad que los han conseguido en las urnas, quieren dos. Aferrarse al poder por todos los medios, de forma virulenta y visceral, saca el gen de la derecha".

El izquierdista Diego Valderas, que tiene en su bancada al alcalde crónico de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo (lo es desde que se inauguró la democracia), apoyó la incompatibilidad y censuró la "incoherencia" del PP. Porque a la vez que defiende la figura del diputado-alcalde propone que los parlamentarios no puedan estar en las juntas rectoras de los parques o en las cajas de ahorro.

El resto de las medidas pasaron inadvertidas. Todos estuvieron de acuerdo (y votaron que sí) con el llamado Escaño 110, la reforma para que los ciudadanos puedan defender desde la tribuna de oradores iniciativas legislativas populares, y participar en todos los debates de su tramitación completa. Únicamente Valderas la tachó de insuficiente y retó a ir a más, con una reforma de la Ley Electoral para ampliar la composición de la Cámara. El coordinador de IU confió en avanzar en la tramitación de las enmiendas, al igual que Sanz, quien en un segundo turno mostró su disposición a seguir discutiendo. De momento, las dos proposiciones de ley que presentó fueron rechazadas.