El capítulo de Salgado

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, sugirió el pasado jueves que el objetivo de déficit público fijado para 2011 podría incumplirse por el lado de las comunidades autónomas. Aunque Salgado expresó en reiteradas ocasiones su confianza en que no se rebasaría el 6% del PIB previsto para el conjunto de las Administraciones, la afirmación sonaba a cláusula de estilo. La realidad incontestable es que siete comunidades han superado ya el límite del 1,3% que les corresponde, situando la media del conjunto de las autonomías a tan solo una décima de esa cifra cuando aún falta más de un trimestre para el cierre del ejercicio.

Las declaraciones de la vicepresidenta Salgado buscaron un difícil punto de equilibrio entre la confirmación anticipada de un incumplimiento del objetivo de déficit que tendría graves efectos sobre la deuda española y la advertencia a las comunidades autónomas de que las cosas van en serio para todos. Atrás quedaron los tiempos en los que los Gobiernos autónomos podían suponer que la exigencia de recortes se dirigía únicamente al Ejecutivo de Zapatero y afectaba en exclusiva al Estado central. Hoy las autonomías se encuentran en el punto de mira del mercado crediticio internacional en el que España ha de buscar financiación, por lo que no pueden desentenderse de sus deberes individuales sin incrementar las tensiones sobre la totalidad de la economía española.

Es un error interpretar la necesidad de que todas las Administraciones ofrezcan una respuesta conjunta a la situación económica que atraviesa el país como un nuevo disfraz del centralismo, dispuesto a utilizar la crisis como coartada. A estas alturas no se discute ya el nivel de la Administración del Estado sobre el que deben recaer los recortes, sino sobre la capacidad del Estado, en todos sus niveles, para que la diferencia entre los gastos e ingresos totales no exceda el 6%. Las reticencias políticas que ha generado la precipitada reforma de la Constitución entre las fuerzas nacionalistas, y de una parte de la izquierda, son legítimas y responden a un incuestionable fondo de razón, pero pertenecen a un debate distinto del que Salgado ha puesto encima de la mesa.

La proximidad de las elecciones generales se está convirtiendo en otro factor de distorsión para abordar el problema suscitado por Salgado, en la medida en que los nuevos dirigentes autonómicos, todos populares, necesitan transmitir una imagen de austeridad que no afecte a las expectativas de Mariano Rajoy. Obtendrán una falaz cuadratura del círculo si perseveran en la estrategia más electoralista que económica de inflar las cifras de ahorro que suponen las tímidas medidas que han anunciado. Pero la situación de las cuentas públicas no admite malabarismos. De la llamada a capítulo a las 12 comunidades con mayor déficit debería salir un plan y un mensaje concluyente. No para los mercados, sino para los ciudadanos, que ya han realizado esfuerzos de austeridad, de nuevo en riesgo de ser dilapidados.