El exalcalde de El Pedroso alega ante la juez que cobró "una ayuda individual"

El exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo alegó ayer ante la juez del caso de los ERE que no es un intruso, a pesar de que se benefició del fondo de ayudas para empresas en crisis de la Consejería de Empleo y percibió 110.000 euros gracias a su amistad con el ex director general de Trabajo Javier Guerrero. Ayer, Rosendo incidió en una declaración escrita en que el dinero que cobró era "una ayuda socioeconómica de carácter individual -y no colectiva- igual a la otorgada a otros muchos trabajadores en paro con edad de prejubilación y difícil reinserción laboral". "En ningún momento he dudado de su legalidad, pues según el ordenamiento jurídico español los actos de la Administración se presumen válidos", añadió. La magistrada Mercedes Alaya acusa a Rosendo de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

El exregidor dice que "nunca dudó de la legalidad" del dinero que recibió

El exregidor compareció ayer en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, después de haber consignado ante notario los 110.000 euros cobrados de manera supuestamente fraudulenta, pero no respondió a las preguntas de los abogados de las partes, el fiscal o la magistrada, sino que se limitó a presentar un escrito de 40 folios.

En el documento, Rosendo argumenta que no estaba incluido en el Expediente de Regulación de Empleo de la empresa Cydeplast, tal y como refleja la documentación en poder de la Junta. "Ni siquiera la compañía aseguradora de esos extrabajadores de Cydeplast es la misma que la de Rafael Rosendo", asegura el exalcalde. Este menciona la denuncia de la Junta sobre un supuesto delito cometido contra la Hacienda Pública. "La mencionada denuncia se sustenta en una muy deficiente investigación llevada a cabo por la Junta, pues habría bastado un mínimo de diligencia para constatar que la misma carecía de base de tipo alguno", censura en su escrito.

"Guerrero [el ex director general Javier Guerrero] me ofreció la posibilidad de obtener una prestación adicional derivada de un fondo de pensiones que él personalmente se encargaría de tramitar con la finalidad de complementar mis ingresos", declaró el exalcalde ante la policía. El exregidor se escudó en que desconocía el procedimiento interno de la Junta para conceder las ayudas, ya que no participó en el mismo.

El abogado de Rosendo, José Manuel García Quílez, tildó la detención policial de Rosendo como "absolutamente desproporcionada". El letrado asegura que la policía detuvo al exalcalde "sin razonamiento, explicación o motivación de tipo alguno" tras imputarle un delito de tráfico de influencias, que García Quílez considera prescrito.

"El fraude de subvenciones" del que le acusa la Junta de Andalucía "no se da bajo ningún concepto", pues tal tipificación tiene un "tope mínimo" de 120.000 euros que no alcanza el dinero cobrado por Rosendo por 10.000 euros.

Mientras, el supuesto intruso que sí declaró fue Andrés Carrasco, amigo de Guerrero y vecino asimismo de El Pedroso, prejubilado en un expediente de la empresa Acyco pese a que nunca trabajó para esta compañía del sector de la aceituna.

Carrasco relató a la juez que él mismo acudió a Guerrero porque al regentar un quiosco de churros, sus ingresos apenas alcanzaban los 700 euros. El intruso alegó que pensaba que "por su condición de separado" tenía derecho a percibir una ayuda, que "confió en la legalidad" de las cuantías disfrutadas y que, de hecho, el por entonces director general de Trabajo le había dado "su palabra" sobre la legalidad de la póliza de seguro de rentas por la que habría disfrutado de 1.000 euros mensuales, informó Europa Press. Tanto Rosendo como Carrasco aparecieron en el primer listado de Empleo sobre las pólizas subvencionadas, y que finalmente incluyó 72 intrusos y 111 "discordancias administrativas".