25.000 firmas piden que se sonde de nuevo a la anciana de Huelva

Derecho a Vivir no se rinde. La organización conservadora ha promovido una campaña por Internet que ha conseguido enviar 25.000 firmas al Fiscal General del Estado para que obligue a poner de nuevo la sonda que alimentaba a Ramona Estévez. La mujer tiene 90 años, y el 26 de julio sufrió un derrame cerebral masivo que la tiene "como una máquina de bombear sangre", según explicó su hijo, Ramón Pérez. Está en estado vegetal y los médicos coinciden en que no va a recuperarse. La Junta de Andalucía ordenó la retirada de la vía a petición de la familia.

Estas circunstancias y el hecho de que la mujer no quería que el final de su agonía se prolongara innecesariamente no arredran a la organización. Esta ya intentó que un juez ordenara que se le volviera a poner la sonda nasogástrica que le retiraron el 24 de agosto. No lo consiguió. También pidió la tutela de la mujer. El juez tampoco les hizo caso. Les queda un proceso pendiente: una denuncia contra la consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, por una presunta vulneración del derecho a la objeción de conciencia y un posible delito de omisión de auxilio. A esta iniciativa se añadió ayer la recogida de firmas.

Hambre y sed

Los firmantes argumentan que se está dejando morir a la mujer "de hambre y sed, contra el criterio médico básico". Y que con ello se le "causará una agonía lenta y cruel por inanición". Afirman también, en palabras de la presidenta de la asociación, Gádor Joya, que "si la sonda fuera una forma de mantenerla artificialmente con vida, al retirársela habría muerto de forma inmediata".

Este criterio es rechazado por la mayoría de las sociedades científicas. La de Cuidados Paliativos y la de Nutrición Enteral y Parenteral afirman que la sonda nasogástrica es "equivalente a un tratamiento médico", y que, por tanto, el enfermo o sus representantes legales tienen derecho a renunciar a ello. Esta práctica está avalada por la ley de autonomía del paciente, que, en este caso, se ve reforzada por la ley de muerte digna andaluza, que establece claramente que existe el derecho de renunciar a un tratamiento aunque ello suponga acelerar la muerte. Para el hijo de la mujer la decisión es clara: "Ella no quería estar amarrada a unos tubos. Quería morir tranquila, porque había tenido una vida muy feliz".