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Editorial:

Minimizar los daños

La reforma constitucional, para reforzar la zona euro, sale adelante con un grave coste político

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la primera reforma sustancial de la Constitución de 1978, que ahora deberá seguir su trámite en el Senado. El acuerdo entre socialistas y populares impidió que prosperasen las enmiendas de los restantes grupos parlamentarios, algunos de los cuales se ausentaron de la Cámara durante la votación para expresar su oposición. Los intentos de los partidos mayoritarios para que CiU se sumara al acuerdo concluyeron en fracaso. Y aunque los diputados socialistas aceptaron la disciplina de voto con solo dos excepciones, la fijación de un techo de gasto en la Constitución ha abierto heridas que transmitieron una imagen de resignación y de fractura interna.

El Gobierno y el Partido Popular han justificado la reforma por la necesidad de incrementar la confianza en la economía española. Se trata de un discurso para salir del paso, en la medida en que solo de manera remota puede tener influencia sobre las actuales necesidades de financiación una medida que no entrará en vigor hasta 2020, y que además depende para su concreción de lo que establezca una ley orgánica. La reforma no es un mensaje a los sedicentes mercados, sino a los dos miembros de la eurozona que han sido más reticentes a la compra de deuda española e italiana por parte del Banco Central Europeo y que también se han mostrado más reacios a la imprescindible creación de los eurobonos. Es decir, Francia y Alemania.

Poco ganan socialistas y populares sustituyendo la explicación política de la reforma por un lenguaje mágico que ofrece sacrificios para conjurar los males que acechan a la economía española. Si la inclusión del artículo 135 en la Constitución era una condición necesaria para avanzar en la eventual creación de los eurobonos, los ciudadanos, que además no podrán expresarse en referéndum, tenían derecho a saberlo. La maltrecha construcción europea también habría ganado si, en lugar de adoptar una medida aislada y en un único país, la reforma se hubiera enmarcado en una estrategia común a la eurozona. Es probable que, tras el gesto español, otros países sigan esa senda, necesaria por lo demás. Pero el orgullo de pioneros no es razón suficiente para renunciar de antemano a un acuerdo de la eurozona. En Europa hoy, no son las instituciones y los procedimientos lo que impera, sino que es posible que dos Estados miembros formulen algo parecido a un ultimátum y que los demás emprendan una desordenada carrera para plegarse a él.

En cualquier caso, la reforma está lanzada y el objetivo es ahora minimizar los daños políticos que ha provocado, sean muchos o pocos los beneficios económicos que reporte. Hasta ahora, la Constitución había soportado la desafección de grupos heterogéneos, desde los nacionalistas hasta los críticos de la transición, tanto de derechas como de izquierdas. A partir de este momento se puede enfrentar, además, a una desafección social, la de quienes, pese a la reforma, seguirán pagando las consecuencias más graves de la crisis.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de septiembre de 2011