El Gobierno argentino pide voz en la batalla por Repsol y el español se inhibe

El Gobierno argentino recela del acuerdo al que han llegado Sacyr Vallehermoso y Pemex para ir de la mano en Repsol. No quiere permanecer al margen del asunto porque considera que afecta directamente a la antigua petrolera estatal YPF y a sus planes nacionales energéticos. Ayer solicitó la convocatoria urgente del consejo de administración de YPF el próximo día 9, para que tanto Sacyr como Pemex den explicaciones sobre el acuerdo de sindicación de sus acciones y sus efectos sobre la actividad en Argentina.

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entiende que la incitativa puede afectar a los planes de inversión y producción o algún otro tipo de cambio en YPF. El Ministerio de Planificación ha mandado una misiva al directorio de YPF en el que muestra con mayor dureza que el comunicado de prensa los recelos que le despierta el acuerdo "teniendo en cuenta que esta empresa es estratégica para el sector de hidrocarburos argentino".

Kirchner recela del pacto de Del Rivero y convoca al consejo de YPF

El Gobierno añade que, en este sentido, "surgen ciertos interrogantes que podrían tener vinculación con el interés económico general y con las políticas públicas en un sentido más amplio", según la carta a la que ha tenido acceso este diario.

El Estado argentino, a través del Ministerio de Economía, conserva una participación mínima en el capital de YPF, del que Repsol posee el 57,4%, pero tiene derecho a participar en las decisiones del consejo en virtud de una acción de oro que conserva desde que se privatizó la compañía en 1999.

La actitud del Gobierno argentino contrasta con la del Ejecutivo español que, a través del ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha señalado desde el principio que se trata de una "operación empresarial" en la que no va a intervenir.

Tampoco la Comisión Nacional de la Energía (CNE) estudiará el acuerdo, ya que "no requiere su autorización", al tratarse de un pacto de sindicación de participaciones y no de una toma de control, como sería en el caso del lanzamiento de una oferta pública de adquisición.

Esa decisión del organismo regulador ha despertado, sin embargo, muchas críticas entre algunos miembros del consejo, que achacan el archivo del caso a una decisión personal de su presidente, Alberto Lafuente, informaron fuentes ligadas al organismo. Por eso, algunos consejeros estudian pedir una reunión del consejo para que se debata el asunto oficialmente. La apertura de un expediente informativo podría retrasar la vigencia del pacto hasta tres meses.

Mientras se resuelve el lío legal, Pemex anunció ayer que ya ha adquirido acciones representativas del 4,62% de Repsol, del total del 5% que ha se ha comprometido a comprar en su acuerdo con Sacyr.

La adquisición, por alrededor de 1.150 millones, se ha efectuado mediante compras en el mercado y a través de operaciones con diversas entidades entre las que se encuentran HSBC, Natixis, Grupo Financiero Inbursa y Crédit Agricole, que también ha sido el asesor financiero. Este banco francés es uno de los principales acreedores de Sacyr en el préstamo sindicado que pidió para comprar el 20% de Repsol, y del que aún debe 4.908 millones de euros.

Además, el grupo Inbursa está controlado por el multimillonario mexicano Carlos Slim, quien a su vez es consejero de la española Caixabank, el banco de La Caixa, otro de los accionistas de referencia de Repsol, con el 12,8%.

Por otra parte, Pemex se ha dirigido al PP para tantear su posición en el acuerdo suscrito con Sacyr, informa Europa Press.