Un fuerte despliegue policial abre una nueva oleada de desahucios

La resistencia de Elisa Díaz y sus vecinos ha durado 117 días. Para doblegarles han hecho falta cuatro acometidas. Pero ayer claudicaron. A las 8.05 horas, los Mossos d'Esquadra cumplieron el mandato judicial que no pudieron ejecutar, por la férrea oposición de los vecinos, el 8 de marzo, el 2 de junio y el 21 de ese mismo mes. La convocatoria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para ayudar a Elisa por cuarta vez resultó insuficiente. La mujer, su hija de seis años y su pareja, Ify, dormirán hasta el domingo en un hostal. Después, tendrán que buscarse la vida. El Ayuntamiento de Montcada i Reixac les había ofrecido un piso de alquiler por 400 euros, pero la familia lo rechazó porque es casi tanto como el único ingreso familiar: la Renta Mínima de Inserción (RMI) que percibe Ify.

La pareja se quedó en el paro y sin poder pagar la hipoteca. El banco inició el proceso para echarles del piso, en Montcada, y les exige que salde una deuda de 300.000 euros. En marzo, la secretaría judicial topó con un centenar de vecinos apostados frente al número 3 de la calle del Duque de Tetuán. En aquellas condiciones, el desalojo no era aconsejable. Lo mismo pasó en junio, pese a la presencia policial. Tres hitos de la PAH que la maquinaria judicial ha echado por tierra.

El contundente despliegue policial -cuatro furgonetas y una veintena de agentes antidisturbios- apenas encontró resistencia en las cinco personas congregadas frente a la vivienda. Una de ellas recibió un empujón de un policía y cayó al suelo. Después, pasó lo que tenía que pasar y, entre abrazos de amigos y vecinos, Elisa y su familia fueron expulsados. El fin de la resistencia de Montcada marca el inicio de un otoño en el que cientos de familias vivirán un drama similar en Cataluña. En toda España, en el primer trimestre del año, los juzgados ordenaron 1.925 lanzamientos, según el Consejo General del Poder Judicial. Las entidades sociales han llamado a los ciudadanos a movilizarse para detener una veintena de desahucios que se ejecutarán en septiembre en el área de Barcelona.

La oposición a los desalojos topa cada vez con más trabas. La práctica habitual de los jueces consiste en fijar una fecha (día y hora) para el lanzamiento. Ese sistema da cierta ventaja a la PAH, que puede movilizar recursos y personal. Gracias a ellos, han paralizado unos 35 desahucios en Cataluña. Ahora, algunos jueces optan por dejar abierta la fecha para evitar la presión social.Casos como el de Vic (Osona), donde 11 vecinos han sido condenados a pagar multas de 180 euros por intentar frenar, sin éxito, la expulsión de una familia, suponen una amenaza para el futuro del movimiento contra los desahucios. La sentencia considera que los vecinos son responsables de una falta de desobediencia a la autoridad. Los agentes les pidieron que se apartasen de la calle para ejecutar el desahucio de Ernest Owusu, su mujer Anita Twenenoda y sus dos hijos, de seis y un año. No lo hicieron.

En lugar de dejar las cosas como estaban y a pesar de que el mandato judicial se había llevado a cabo, los Mossos d'Esquadra decidieron llevar a los protestantes ante el juez en una acción inédita. La decisión judicial, que absuelve a la pareja por su "delicada situación personal" y porque la mujer estaba en avanzado estado de gestación, tampoco convence a abogados y expertos en la materia, que piden "sensibilidad" a la Administración.

"Policías y jueces tienen que ser más sensibles que nunca en un momento de crisis. Al ser tan legítima la causa de la protesta, se vuelve más ilegítima la actuación de la policía", argumenta Jaume Asens, abogado y experto en movimientos sociales. "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de policías y jueces para que tengan en cuenta que en estos casos hay una colisión de derechos, especialmente cuando hay menores de por medio", razona Antoni Iborra, el abogado que ha defendido a la familia y a los vecinos ahora condenados.

Iborra recurrirá la sentencia de Vic ante la Audiencia de Barcelona porque considera que adolece de una "falta de motivación consciente y deliberada". El abogado añade que no concurren los requisitos para concluir que la acción de los vecinos pueda considerarse un caso de desobediencia, ya que "la protesta fue pacífica y, además, no impidió que se ejecutara el desahucio".

"Lo que ha pasado en Vic es un acto más de rechazo a la crisis. Las leyes se han de interpretar en función del contexto social", tercia la abogada del Col·lectiu Ronda Montse Serrano, especializada en ejecuciones hipotecarias. Serrano teme que el caso de Vic siente un precedente que sirva, a la postre, para frenar la solidaridad de los vecinos con las familias afectadas. "Espero que sea un hecho aislado, porque muestra un grave distanciamiento entre la justicia y la sociedad", matiza Serrano, que critica los procedimientos judiciales porque "no permiten que el juez examine las causas del impago".

La abogada considera "contradictorio" que el juzgado de instrucción número 3 de Vic haya impuesto una multa a los vecinos, pero no a la pareja afectada por su precaria situación personal. "Las mismas razones que sirven para absolver al matrimonio sirven para los vecinos", añade Iborra, que sí considera el caso de Vic un salto cualitativo en "una nueva estrategia para intimidar a los ciudadanos".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca considera que las convocatorias judiciales "sin concretar fecha ni hora" y las actuaciones policiales suponen un "abuso de facultades" y critica que las administraciones se "desentiendan" del problema.