Tablas en el primer asalto en la granja de la discordia

Tras 10 años de disputas legales, hoy ha empezado la batalla final de Dale Farm, un campamento ilegal de trashumantes en Crays Hill, en el municipio de Basildon (Essex), unos 50 kilómetros al Este de Londres. El ayuntamiento había fijado para hoy el día para empezar su desalojo, pero tras largas horas de tensa espera y de inútiles conversaciones, un juez ha decretado tablas en el primer juego de una partida que se prevé larga: cuando circulaban ya rumores de que el municipio había cortado la luz al campamento y se pensaba que el asalto era inminente, el Tribunal Superior de Londres ha ordenado al ayuntamiento que paralizara la expulsión al menos hasta el viernes.

Es un conflicto con aromas de protesta de indignados a la española pero con ramificaciones de racismo, pacifismo, activismo violento y las tensiones históricas que rodean en tantos lugares del mundo la presencia de una comunidad gitana. O al menos medio gitana. En el Reino Unido son habituales los conflictos con lo que en inglés llaman travellers, literalmente viajeros. Sobre todo cuando esas comunidades no hacen su honor a su nombre y deciden asentarse en algún sitio en lugar de vivir en la carretera.

El conflicto en Dale Farm empezó en los años 70, cuando el consejo municipal de Basildon concedió permiso a 40 gitanos ingleses para instalarse junto a lo que entonces era un cementerio de automóviles. En 1996, el propietario del depósito lo cerró y vendió Dale Farm a una familia de trashumantes irlandesa por 100.000 libras. Desde 2001 empezaron a instalarse nuevas familias, sin que el municipio actuara: las familias compraban parcelas a los propietarios legales y se instalaban a vivir allí. El problema es que no tenían permiso para edificar. Y algunas de las caravanas se acabaron convirtiendo en edificaciones más o menos permanentes.

La consecuencia de todo eso es que la mitad de Dale Farm es legal pero la otra mitad es ilegal y ocupa un área de apenas 2,5 hectáreas que el ayuntamiento considera zona verde. Presionado por la población local, el consejo municipal de Basildon decidió entrar en acción en 2005 y desalojar las 51 viviendas que se habían levantado sin permiso municipal, en las que viven unas 400 personas. Tras años de batalla legal y política, el ayuntamiento ganó en apelación una sentencia que en principio favoreció a los trashumantes y fijó para hoy el inicio de la expulsión. El caso he levantado polémica más allá de Reino Unido y el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha llegado a declarar que la expulsión es desproporcionada y constituye un abuso de poder.

El ayuntamiento se defiende diciendo que ha ofrecido alojamientos alternativos en pisos municipales a todos los que tienen derecho legal a conseguirlo pero que las familias lo han rechazado porque ese no es su modo de vida tradicional y porque quieren seguir viviendo juntos como comunidad. Aunque algunas familias han abandonado el lugar, el grueso de la comunidad se ha parapetado en Dale Farm y cuenta con el apoyo no solo moral sino físico de varios centenares de activistas.

"Anarquistas", les llama el Daily Mail, cuyas informaciones subrayan la habitual línea divisoria en estos casos: la izquierda defendiendo la necesidad de encontrar una salida pacífica al conflicto y enfatizando la importancia de combatir cualquier actitud que pueda parecer racista; la derecha defendiendo la aplicación de la ley y denunciando que legalizar ese campamento significa no solo ceder a la presión, sino hacer trampa: ¿por qué se ha de considerar legal una edificación en un terreno comprado a precio de solar barato porque no era zona edificable?

Todo eso hizo que hoy activistas y vecinos se acantonaran en el lugar preparándose para una defensa numantina. Una joven ha llegado a encadenarse por el cuello a una de las puertas de entrada al recinto. Un cartel advertía: "Peligro de muerte. Detrás de esta puerta una mujer está encadenada por el cuello. Si intentan abrir esta puerta la matarán a ella". Antes de que nadie intentara abrir la puerta, un juez ha suspendido el desalojo y ha ordenado al ayuntamiento que informara a los vecinos de sus planes de desalojo parcela a parcela.