Monteseirín autorizó el contrato de un exasesor tras las elecciones

El exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín autorizó un contrato de su exasesor Domingo Enrique Castaño el pasado 26 de mayo, cuatro días después de haber perdido las elecciones y cuando ya ejercía de alcalde en funciones. Monteseirín firma la solicitud dirigida al exdirector de la fundación DeSevilla, Miguel López, para que Castaño reingresara como abogado en la asesoría jurídica de esta fundación municipal, cargo que aún mantiene.

Castaño había sido gerente de la fundación entre 2005 y 2007, año en que solicitó una excedencia para ser asesor de Monteseirín y del grupo socialista municipal, hasta que el pasado diciembre solicitó su reincorporación a DeSevilla. Cinco meses después y solo 15 días antes de la toma de posesión del alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), Monteseirín cursó la petición para que su exasesor percibiera un salario de 35.000 euros anuales como abogado. El documento cuenta con el membrete de la propia fundación y está dirigido al sucesor de Castaño como gerente que Izquierda Unida situó en la fundación tras las elecciones de 2007, Miguel López Adán.

El directivo está imputado en el caso de las facturas falsas y en 'Mercasevilla'

Castaño está imputado en el caso Mercasevilla por el supuesto amaño para la concesión el concurso público de suelos de la empresa municipal, que la juez Mercedes Alaya considera "fraudulenta" y "antieconómica". Mientras, otro juez le ha imputado por el supuesto pago de facturas duplicadas por parte del Ayuntamiento a la federación vecinal Unidad.

El PP ya anunció en repetidas ocasiones que planeaba disolver la fundación DeSevilla si gobernaba el Ayuntamiento por su gestión financiera y el supuesto aprovechamiento político por parte de IU para prácticas partidistas y así beneficiar a sus militantes.

Tanto Monteseirín como Castaño rechazaron ofrecer su opinión sobre la polémica contratación de este último.

El exdirector López sí lo hizo pero de puntillas: "Tengo mi opinión política sobre la renovación, pero me la reservo. Mi papel se limitó a tramitar el alta, ya que contaba con el visto bueno del secretario de la fundación". Fuentes próximas a los anteriores gestores de la fundación, que pidieron el anonimato, defendieron el contrato con más vehemencia: "Tenía un contrato, quedó en suspenso y tenía derecho a su reingreso. Había una solicitud, pasó el tiempo y se dio mucho después. Se trata de un trámite. No tiene sentido pero no hay intención".

La fundación DeSevilla aprobó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con un costo de 45.000 euros, que afectó a 12 empleados tras las elecciones, acordado entre la dirección y la plantilla y aprobado por la Consejería de Empleo, según informó ayer Abc. Izquierda Unida replicó en un comunicado que el expediente no era una "opción", sino "una exigencia legal". La coalición alegó que la reducción de trabajadores respondía a la promesa del PP de eliminar la entidad y debido a la finalización de contratos asociados a proyectos sociales y de cooperación el 30 de junio. La coalición de izquierdas decidió no esperar a que el PP formara el nuevo equipo de gobierno y aplicó el ERE porque el número de contratos a extinguir era superior a 10 y se considera un despido colectivo. "Ningún empleado se ha beneficiado de una medida extraordinaria o graciosa acordada en connivencia con la Junta", adujo IU en su comunicado.