"El robo de niños fue falsa caridad"
El fiscal jefe provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, de 53 años, tiene sobre su mesa "más de 200 casos de niños robados". Los ha repartido entre nueve fiscales y está decidido a "llegar hasta el final". "Para mí, como casi para todos los españoles, fue una sorpresa descubrir que esto no ocurrió solo en la posguerra, que no era solo una cosa de monjitas y presas rojas, sino que se acerca hasta nuestros días y afecta a muchas personas", explica.
Madrid es la región de España que más denuncias ha recibido por estos casos, y Esteban el primer fiscal en atreverse a llamar a declarar a los médicos y monjas que las víctimas señalan directamente como responsables del robo de sus hijos. Entre ellos, el doctor Eduardo Vela Vela, de 77 años, exdirector de la clínica San Ramón de Madrid, que durante años funcionó como una auténtica fábrica de bebés. "Su nombre aparece en muchos expedientes", explica el fiscal. Vela acudió a declarar a finales de julio. "Reconoció haber actuado en aquellos partos, pero negó haber ocultado o robado a ningún niño". En septiembre, está previsto que responda a las preguntas del fiscal sor María Gómez Valbuena, colaboradora del doctor Vela en la clínica San Ramón.
"En su declaración, el doctor Vela negó los hechos. La siguiente en declarar, sor María"
La fiscalía también ha tomado declaración a los denunciantes: madres que buscan a sus hijos, hijos que buscan a sus madres. "Los casos son muy variopintos, aunque abundan los de las madres solteras, en dificultades, a las que coaccionaban o engañaban diciéndoles que su hijo había muerto para quedarse con la criatura. También hay mujeres humildes, víctimas de los abusos de los señoritos para los que trabajaban, y otras mejor situadas", explica. "Una señora nos dijo que en el hospital le dijeron que su hijo había muerto y que ella nunca sospechó nada hasta que hace poco, la llamó un hombre por teléfono y le dijo: 'Hola, mamá'. Lo investigamos y vimos que no podía ser, porque este hombre tenía 39 años y no cuadraban las fechas. Dijo que se había equivocado de número".
Esteban cree que se ha generado "cierta psicosis" con la difusión del asunto. "Ahora, todas las madres a las que les dijeron que su niño había muerto piensan que se lo robaron. En muchos casos lo único que hay es una sospecha. También nos llegó una denuncia de un nacimiento de 2007. Al investigarla nos dimos cuenta de que la madre lo había dado en adopción, se había arrepentido y quería recuperarlo".
Por lo que ha visto hasta ahora, este fiscal campechano, nacido en un pueblecito de Segovia, está convencido de que el móvil económico no era el principal en las tramas de robos de niños. "No se puede decir que existiera una mafia con fines lucrativos. Esto se hacía por una falsa caridad, desde luego mal entendida, y las personas implicadas pensaban que estaban entregando a ese niño a una familia que ellas consideraban más adecuada. Con las cantidades que hemos visto que pagaban los padres adoptivos no se hacía rico nadie. Era otra cosa, una forma de poder. A pesar de ser una dictadura, durante los años cincuenta, sesenta y setenta había muy poco intervencionismo estatal, muchas cosas se dejaban hacer. Las adopciones se hacían a base de costumbre por organismos religiosos o seudoreligiosos en una época en que la mayoría de las enfermeras eran monjas".
Hay algo que preocupa mucho a este fiscal y lo repite varias veces durante la entrevista: "No quiero generar expectativas que vayan a ser cruelmente desmentidas por la realidad". "Aquí hay mucho sentimiento y el derecho se mueve por hechos fríos, tiene poca capacidad para comprender sentimientos. Lo digo porque el hijo que viene buscando a su madre biológica no se da cuenta de que, en el fondo, lo que hace es denunciar a sus padres adoptivos, que serían cooperadores necesarios [del delito]. La dificultad es gravísima. ¿Se imaginan investigar un delito de narcotráfico 40 años después, sin droga y sin delincuentes? Aquí muchos de los implicados han fallecido".
"Es tremendamente complejo reunir pruebas para un juicio", prosigue. "Si esto se hubiera investigado en los años sesenta, posiblemente habría muchos más reencuentros. La postura del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, es que la detención ilegal no ha prescrito. Ha ordenado que agotemos todas las vías... y lo haremos. Y si hay que exhumar cadáveres, los exhumaremos".
