El Consejo rebelde exige a sus hombres que cesen las represalias

La ofensiva final de las tropas rebeldes hacia Trípoli se ha visto ensombrecida por las denuncias de asesinatos y represalias contra los civiles y los militares leales a Muamar el Gadafi. Que Musa Ibrahim, portavoz del régimen, denunciara el sábado la ejecución sumaria de 34 civiles, entre ellos varias mujeres, en la población de Gharian no llamó la atención de los medios. Pero que el propio jefe del Gobierno rebelde amenace con dimitir en protesta por "los actos de venganza" que cometen sus combatientes es una señal inequívoca de que, en efecto, se están produciendo desmanes.

"Me congratulo de la acción de los mandos revolucionarios, confío en su palabra, pero determinadas acciones de algunos de sus hombres me inquietan", declaró ayer Mustafá Abdel Yalil, jefe del Consejo Nacional de Transición (CNT). "Esta podría ser la razón o la causa de mi dimisión".

Yalil, ministro de Justicia que desertó cuando Gadafi decidió responder con armas a las protestas populares de febrero, es un hombre piadoso y ecuánime, respetado por todas las facciones rebeldes. Quizás por eso no ha tenido empacho en lanzar esa advertencia pública. Hasta ahora, las denuncias de violaciones a los derechos humanos solían ser desmentidas por los líderes del Consejo. Y es que no es la primera vez que la sombra de los crímenes de guerra planea sobre las tropas insurgentes. Tanto la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado abusos contra la población civil, torturas, asesinatos y saqueos.

La supuesta presencia de miles de "mercenarios" extranjeros en las filas gadafistas, desmentida por los observadores, puso en el punto de mira a la población subsahariana, sobre todo al principio de la revuelta. Las ejecuciones extrajudiciales y los malos tratos a prisioneros también engrosan el expediente. Ahora bien, los casos, dicen los activistas humanitarios, son muchos menos que los registrados en las filas gadafistas.

Y eso que las acusaciones contra las milicias del régimen, reconocen las organizaciones humanitarias, han sido infladas. Por ejemplo, ni Amnistía Internacional ni Human Rights Watch han encontrado pruebas de la supuesta campaña de violaciones que ha denunciado Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. En cambio, de la suerte terrible de algunos prisioneros insurgentes ha quedado constancia en fotografías y vídeos que los propios gadafistas grabaron con teléfonos móviles que, después de alguna batalla, han acabado en poder de los rebeldes.

Pero las diferencias entre ambos bandos no son solo cuantitativas. Los abusos cometidos en las filas insurgentes contravienen las órdenes de sus autoridades, preocupadas por presentar una imagen internacional respetable. Simon Brooks, hasta hace poco jefe de la misión de la Cruz Roja Internacional en Bengasi, asegura que "los rebeldes están haciendo un esfuerzo". "Nos permiten visitar a los prisioneros, nos atienden y nos consultan", añade, si bien se reserva las conclusiones, porque los informes del organismo son confidenciales.

El problema, como declaraba a EL PAÍS Donatella Rovera, investigadora de AI, es que el Consejo de Transición no tiene control sobre sus milicias: "Saben que los abusos están pasando, pero no tienen capacidad para pararlo, o la voluntad política".

Joe Stork, subdirector regional de Human Rights Watch, instó ayer a los rebeldes a evitar "las represalias contra quienes lucharon a favor de Gadafi", y a tratar "de acuerdo a las leyes internacionales" a todos los detenidos.

Con los ojos del mundo sobre ellos, el Consejo hizo ayer el mismo llamamiento. Si se quiere construir una nueva Libia, recordó Mustafá Abdel Yalil, hay que "respetar vidas y propiedades" y nadie "debe tomarse la justicia por su mano".