Sin alternativas

Las decisiones destinadas a reducir el déficit público en 5.000 millones de euros, que mediante decreto acaba de adoptar el Consejo de Ministros, constituyen una contrapartida más a los apoyos que está recibiendo la deuda pública española y una señal para tranquilizar a los mercados. Está por ver que este ajuste adicional en las finanzas públicas calme por sí solo a los inversores. Es mucho más probable, sin embargo, que acentúe la ya explícita atonía del crecimiento económico y las dificultades para reducir el desempleo. No son, por tanto, las medidas que precisa la posición cíclica de nuestra economía. Pero las autoridades españolas, en la actual coyuntura, no tenían otra alternativa.

Con independencia del efecto recaudatorio que finalmente tenga, la anticipación del impuesto de sociedades no favorece a la mayoría de las empresas. Ese es un gravamen que gira sobre los beneficios y en cuya tasa efectiva concurren deducciones y bonificaciones diversas, de las que sacan más partido las empresas de mayor tamaño. A las dificultades que encuentran las sociedades con menor facturación, derivadas de una deprimida demanda y un persistente racionamiento crediticio, se añade esta forma de concesión adicional de financiación al Estado.

La otra decisión que incorpora el decreto forma parte de esa racionalización necesaria en el conjunto del gasto sanitario, y más concretamente en el farmacéutico. Los 2.000 millones de euros que se pretenden ahorrar derivarán, en primer lugar, de la rebaja en un 15% del precio de los medicamentos que lleven más de 10 años en el mercado. Otra fuente de ahorro derivará de la obligación impuesta a los médicos de recetar el principio activo y no la marca de las medicinas. Esa utilización de los genéricos ya es amplia en algunas comunidades autónomas. Los efectos de esta medida no serán desde luego neutrales para el conjunto de la industria, sobre todo en los laboratorios, pero tampoco para las farmacias, con serios problemas financieros en algunas comunidades autónomas.

La pretensión de compensar, aunque sea de manera parcial, el efecto contractivo de esas dos decisiones se ha concretado en la reducción a la mitad del IVA para la adquisición de viviendas nuevas, con el fin de aligerar el parque de viviendas vacías. La vigencia de esta medida, que tan solo se prolongará hasta final de año, limitará su efecto, y es dudosa que vaya a conseguir que los compradores potenciales se precipiten a la calle para adquirir alguno de los numerosos pisos o apartamentos que siguen sin vender desde que estalló la crisis. Sin empleo y, desde luego, sin crédito bancario, el mercado inmobiliario seguirá siendo un pesado lastre sobre la recuperación económica.

Son medidas comprensibles, pero no mejorarán unas finanzas públicas en las que incide de forma sustancial la caída de la recaudación derivada de la falta de crecimiento. En ausencia de las presiones que desde hace más de un año ejercen los mercados de bonos sobre las economías periféricas de la eurozona, la prioridad de cualquier Gobierno no sería contraer aún más las posibilidades de crecimiento mediante el aumento de los impuestos o reducciones en el gasto público. Especialmente en un momento como el actual, en el que se observan recaídas sobre ritmos ya anémicos y previsiones decepcionantes. La inquietud de los mercados financieros no se centra ahora tanto en la verificación del saneamiento de las finanzas públicas como en esas deterioradas posibilidades de crecimiento. El Gobierno español ha redoblado su disciplinado propósito de saneamiento público para tratar de cumplir sus compromisos en la eurozona, pero con ello no logrará reducir el paro.