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La guerra entre los juzgados de Madrid y Barcelona por Cacaolat acaba en el Supremo

Magistrados de ambas ciudades gestionan ventas paralelas de la empresaEl magistrado de Barcelona se niega a parar el proceso

Dos vendedores, pero una sola empresa. La firma de batidos de origen catalán Cacaolat, propiedad de Nueva Rumasa, está en concurso de acreedores y un juzgado de Barcelona aprobó la venta de su fábrica para obtener ingresos con los que garantizar su futuro. El problema es que Clesa, también de Nueva Rumasa y en concurso de acreedores, es la dueña del 95% de Cacaolat y un juzgado mercantil de Madrid autorizó a sus gestores que vendieran Cacaolat y así tapar deuda de Clesa. ¿Quién tiene derecho a vender y embolsarse el dinero? ¿Clesa o la propia Cacaolat? El Tribunal Supremo tendrá que decidir.

Los jueces de ambas ciudades no se han puesto de acuerdo y después de un cruce de puñales a través de distintos autos judiciales, el magistrado de Madrid, Francisco Javier Vaquer Martín, ha solicitado que sea el Tribunal Supremo el que decida a qué juzgado compete autorizar la venta de la empresa de batidos.

El Supremo tarda de media 12 meses en resolver los asuntos que le llegan

Mientras los dos magistrados se niegan a retirarse de la causa, la compañía de batidos sigue sin ser vendida y su futuro, lamenta el comité de empresa, sigue debilitándose. A finales de junio, la plantilla de las fábricas que la marca tiene en Barcelona y Zaragoza aceptó un expediente de regulación de empleo (ERE) de suspensión temporal o reducción de jornada para 277 de los cerca de 400 trabajadores de la empresa. Tratan de ganar tiempo mientras se resuelve el concurso y se paga a los acreedores para poder retomar toda la actividad.El Juzgado Mercantil número 6 de Madrid pide que sea el Tribunal Supremo el que decida quién tiene la competencia de decidir sobre la compra de Cacaolat y señala: "Se haría aconsejable paralizar ambas ventas en tanto no se resuelva la competencia". El problema es que esta decisión podría retrasar la vuelta a la normalidad de la compañía y, por tanto, debilitar su viabilidad. El Tribunal Supremo tarda de media más de 12 meses en resolver los asuntos que le llegan.

Cacaolat entró en concurso de acreedores en marzo. En junio, el Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona autorizó el proceso de venta de "todo el inmovilizado material", es decir, marcas (y demás títulos de propiedad industrial) y material (equipos, instalaciones, maquinaria, existencias, etcétera) de la compañía al mejor postor, siempre que fuera capaz de garantizar que su intención era darle continuidad a la marca y a su plantilla. El dinero que se obtuviera iría a las arcas de la propia Cacaolat.

Mientras el juzgado catalán recibía las ofertas definitivas (por parte de Vichy Catalán, Victory Corporate, la dueña de Central Lechera Asturiana, y Roures Reengineering), la empresa láctea Clesa, en concurso de acreedores desde mayo y propietaria del 95% de las acciones de Cacaolat, necesitaba dinero para hacer frente a las deudas de su cierre en Madrid. Los administradores concursales de Clesa decidieron vender las acciones de su propiedad.

La venta no es exactamente la misma: mientras que los administradores de Cacaolat venden la marca y las fábricas, los de Clesa venden las acciones. "Pero, ¿qué valor tienen las acciones si el contenido de la compañía lo compra otro?", se pregunta una de las empresas interesadas en hacerse con la firma, que prefiere no hacer pública su opinión hasta que termine el proceso.

El juez de Madrid también considera que las ventas se solapan. Por eso, solicitó al juez de Barcelona que se inhibiera en la causa. Es decir, que se retirara de la venta. A lo que el Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona dijo no. En lugar de eso, decidió acelerar todavía más el proceso de venta en Cataluña, y así se lo comunicó a los compradores interesados.

En el último auto del juez de Madrid, con fecha del miércoles, señala que con ambas ventas, "se solapa y superpone la valoración de idénticos elementos" y en su opinión, es Clesa la que, como "sociedad dominante", se encuentran "en mejor posición económica y procesal para la determinación de la conveniencia" de la venta de Cacaolat.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de agosto de 2011