Histórica condena a cuatro militares por exterminio de civiles en Guatemala

Por el asesinato de 201 campesinos de la aldea de Dos Erres (Petén, al norte del país) en 1982, cuatro militares, entre ellos dos kaibiles (tropas de élite del Ejército guatemalteco), fueron condenados ayer por un tribunal a 6.060 años de prisión cada uno (50 años de prisión efectiva). Los condenados son Daniel Martínez, Manuel Pop Sun, Reyes Collin y Carlos Carías, ahora en situación de retiro, todos ellos acusados de crímenes de lesa humanidad.

Los hechos se remontan a diciembre de 1982, durante el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt, y la matanza está considerada como una de las masacres más feroces de una década en que la represión militar alcanzó sus más altas cotas de violencia en su combate a la guerrilla de inspiración marxista.

Los sobrevivientes cuentan que un pelotón de soldados llegó a la aldea. Separó a las mujeres y los niños de los hombres. A los primeros los asesinaron después de torturarlos. A las mujeres y a los niños los encerraron en la Iglesia, desde donde se podían oír los gritos de los varones, que solo cesaron con los tiros de gracia.

Posteriormente se llevaron a las mujeres, a quienes violaron con lujo de sadismo. Finalmente, a los niños, a quienes también mataron. Como fosa común utilizaron el pozo de agua que los aldeanos habían excavado para surtirse del líquido. Solo algunos niños logaron sobrevivir. Los testimonios escuchados a lo largo del juicio permiten reconstruir parte del horror. Flavio Pinzón Jerez, de 57 años, un antiguo kaibil, narró por videoconferencia desde México, donde se encuentra refugiado, que Manuel Pop Sun -uno de los condenados- se llevó a una niña hasta unos matorrales en las afueras de la aldea, donde abusó de ella sexualmente. "Al cabo de 20 minutos regresó y, tras decapitarla, la lanzó al pozo". En sus declaraciones, el antiguo soldado reveló que el grupo de militares estaba integrado por "aproximadamente 40 elementos".

El juicio a los responsables de la matanza tuvo que esperar 28 años. Primero, porque hubo de llegar el fin de las dictaduras militares, en 1985, y la firma de la paz, en diciembre de 1996, para "atreverse" a iniciar un juicio contra los militares, así como por las tácticas dilatorias de los abogados de los uniformados.

La condena ha caído como una bomba entre los sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas, aglutinados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), quienes han advertido que no permitirán que se les juzgue como a criminales, cuando cumplieron con su deber de defender la institucionalidad evitando el "triunfo del comunismo" en Guatemala.