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Entrevista:FRANCISCO CAAMAÑO | Ministro de Justicia

"Acabó la guerra entre jueces y fiscales"

El Consejo de Ministros ha dado el primer paso para intentar aprobar en esta legislatura la Ley de Enjuiciamiento Criminal que da a los fiscales la capacidad de investigar, siempre bajo el control del juez de garantías

Francisco Caamaño (A Coruña, 1963) tiene ya asegurado ser el único ministro de Justicia de la democracia que ha llevado a un Consejo de Ministros la última gran reforma pendiente: la del proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal ha cumplido 129 años y Caamaño está empeñado en luchar contra el calendario.

Pregunta. ¿Por qué hay que hacer la ley de Enjuiciamiento Criminal?

Respuesta. Porque hace 129 años que se hizo la que está en vigor y se ha ido rectificando parcialmente, pero ahora se ha quedado muy anticuada. Es un Frankenstein de cuerpos normativos distintos cosidos de mala manera, con artículos que son ley orgánica y otros que no. Convertir toda la ley en ley orgánica sería inconstitucional y eso nos llevó a diferenciar qué es derecho fundamental y qué no.

"Queremos que sea el fiscal quien investigue, bajo la autoridad del juez"

"En la persecución del delito, la ley debe interpretarse igual en toda España"

"Hay un calendario muy estrecho, pero descarto elecciones anticipadas"

"Liberaremos 1.000 jueces para que se dediquen solo a juzgar"

"Lo de Camps no es un ejercicio de responsabilidad, es estrategia"

"En el auto del 'caso Faisán' hay indicios sin una sola prueba directa"

P. ¿Qué aporta?

R. Por ejemplo, se recogen derechos que estaban en la Constitución, pero no en leyes concretas o leyes orgánicas. Como el de las comunicaciones, el de secreto profesional, el de defensa, el de no declarar contra sí mismo, la doble instancia penal, etcétera.

P. Hace meses el PP aseguró que están mal reguladas las intervenciones telefónicas, ¿se está admitiendo esta crítica?

R. No es que esté mal regulado, sino que había un déficit de regulación, sin duda. Lo dijo el Tribunal Constitucional, y por eso se hace la ley orgánica, como garantía de derechos.

P. ¿Por qué en 30 años la democracia no ha sido capaz de hacer un anteproyecto de ley procesal penal adaptado a la Constitución?

R. Cada vez que se ha puesto sobre la mesa se ha abierto un debate sobre el reparto de poder entre fiscales y jueces y eso ha hecho que se paralizase una reflexión sobre los verdaderos sujetos del proceso penal: los ciudadanos. La guerra entre jueces y fiscales ha bloqueado la ley.

P. ¿Y el debate ha acabado?

R. Creemos que sí. En todas las democracias la investigación penal la llevan los fiscales, nosotros somos una isla. En todas ellas hay una relación entre el ministerio fiscal y sus Ejecutivos, sin llegar a lo de Estados Unidos, donde el ministro de Justicia es el fiscal general, y además todos ellos funcionan jerárquicamente por una razón evidente: en la persecución del delito, la ley debe interpretarse igual en toda España. Si nos quejamos de que los jueces aplican de forma distinta la ley, imagínese fiscales persiguiendo el delito cada uno como considere. La política criminal de un país es una cosa muy seria, tiene que haber una unidad de acción. En todos los países hay ciertos vínculos entre el fiscal y el Gobierno.

P. Pero, si depende del Gobierno, puede haber interferencias.

R. Ese debate tiene mucho de ficticio. La pregunta no es si el fiscal que lleva la investigación depende del Gobierno, sino qué actos de la investigación no están controlados por el juez. Si toda la investigación está sometida a garantía judicial es un falso debate. Si ante un fiscal que decide no investigar a un alto funcionario no se puede hacer nada hay un problema, pero si se puede ir al juez y éste puede decir que se investigue, ese problema no existe.

P. Pero la fiscalía tiene una estructura jerárquica.

R. Eso tiene que ser así y así es todo el mundo, salvo en Italia y así les va. La persecución del delito es una acción de política criminal y no puede ser que el fiscal de Sevilla considere que meterle el dedo en la oreja a una niña es un delito de violación y el de Córdoba diga lo contrario.

P. Habrá siempre la sospecha de interferencia política.

R. Si el fiscal no quiere investigar, puedes ir al juez y que le obligue a investigar. Si pido una diligencia y el fiscal la deniega yo puedo ir al juez para que le obligue a practicarla. ¿Qué problema hay? Se establecen garantías como ir al juez si la investigación dura demasiado, porque se han acabado las penas de banquillo y la duración indefinida de las investigaciones que solo las puede prorrogar el juez. Todo lo que hace el fiscal lo controla el juez.

P. Sí hay un rechazo político.

R. Los mismos que dicen que el fiscal depende del Gobierno y está politizado son los mismos que argumentan que la judicatura está politizada. Se da una contradicción que es un oxímoron: dicen que los fiscales no pueden asumir la investigación porque están politizados y a la vez dicen que la judicatura está politizada.

P. Y los jueces son inamovibles y los fiscales no.

R. También lo son los fiscales. La ley para reforzar esa situación crea la figura del fiscal responsable de la investigación, que es intocable. Más aún, si ese fiscal investiga un delito muy complicado y complejo puede pedir la colaboración de cuatro fiscales, pero él sigue siendo el responsable del equipo y es inamovible, no puede ser separado de ese asunto.

P. ¿Se puede aplicar sin el apoyo de los jueces que abrumadoramente están en contra?

R. Lo de abrumadoramente ya empieza a ceder, porque han visto que este sistema tiene mucho más juez. Pensaban que si desaparece el juez instructor pierden esa competencia, pero ahora el modelo exige más juez, para garantizar los derechos.

P. ¿Por qué hay más juez?

R. Ahora, el juez que investiga es el mismo que decide si quedo en libertad, si se entra en mi casa, si se interviene mi teléfono y a la vez el que decide si me siento en el banquillo. Tiene el monopolio absoluto, en lugar de una compensación o distribución de poderes. Lo que hacemos es que el fiscal investigue y todos sus actos tienen que ser autorizados por un juez que no tiene nada que ver con la investigación y es distante.

P. No será posible entonces que un juez use como ahora la amenaza de prisión preventiva para presionar en una declaración.

R. Eso se ha acabado. El juez estará en su despacho como juez de garantías, mirará con distancia y decidirá si yo me siento en un banquillo. En ese momento se discute la validez de las pruebas, no cinco años después.

P. ¿Cómo resuelve el atasco judicial?

R. Por ejemplo, con ese procedimiento de examen de las pruebas ya se están filtrando recursos posteriores al Supremo. Se van a liberar 1.000 de sus funciones actuales para que juzguen.

P. ¿Hay problemas de relación con otros países?

R. Claro. Tú no puedes explicar a ningún colega que esto está en manos de un juez, pero que no hace de juez. La función del juez es juzgar y no lo puedes explicar en ningún país del mundo, solo nosotros lo tenemos. Cuando un ministro de otro país se interesa por un asunto hay que decirle que el requerimiento de un juez es como si fuera de un fiscal.

P. ¿Qué diferencia habrá en la consideración de imputado?

R. Hasta que el juez no decida que te sientas en el banquillo no serás más que un investigado y no vas al juez. Te investiga el fiscal, que tiene obligación de comunicártelo salvo que el juez admita que por la naturaleza de la investigación hay un secreto de sus investigaciones para que no descubras escuchas u otra cosa. El fiscal lleva una investigación que hoy hace el juez a espaldas tuyas, con lo cual el que tiene que garantizar tus derechos te está engañando. Y un juez distinto decidiría si te sienta en el banquillo y habría ya una acusación formalizada contra ti.

P. Cuando el fiscal llame a declarar ¿se va con abogado, como los imputados ahora?

R. Sí, sería voluntario ir y declarar o no, porque vas como investigado, no como imputado. Tienes todas las garantías legales. Lo que nos ha pasado es que en los años 80 todavía aceptábamos que el juez instructor pudiera juzgarnos, aunque estuviera contaminado. Ahora separamos para que quien está investigándome no sea a la vez el garante de mis derechos. Hacemos que haya más juez y que sea juez de verdad.

P. ¿Ha habido iniciativas para buscar el consenso con el PP?

R. Hay una parte del PP que ya ha visto que esto es insostenible, porque si el 70% de los asuntos son penales y de esos el 90% no llega a juicio tenemos un problema. Cuántas horas y cuánto dinero público para tramitar asuntos como un robo de cartera y que, tras año y medio de diligencias, el juez lo sobresea por autor desconocido y lo sume como asunto resuelto. Ahora, al juez no le va a llegar ningún asunto de esos, porque el decreto de archivo lo acuerda el propio fiscal, salvo que el perjudicado lo recurra al juez.

P. ¿Sabe que es imposible aprobarla en esta legislatura?

R. Ahora tiene que ir a informe del CGPJ, el Consejo Fiscal y queremos que informe el Colegio de Abogados, porque lleva tiempo pidiendo una ley de garantías de los letrados y parte está en esta ley orgánica. En octubre podríamos tener esos informes. El Parlamento funciona según los acuerdos y yo no me quejo de la capacidad para sacar leyes dificilísimas con grandes consensos. Estoy convencido de que cuando los grupos vean esta ley les va a gustar. Es un calendario muy justo, pero voy a luchar por él.

P. Lucha también contra la intención del PP de hacer su propia ley tras las elecciones y la posibilidad de que estas se adelanten.

R. Como ministro de Justicia ya me siento muy satisfecho de haber hecho un anteproyecto de ley, después de que en 30 años nadie lo haya hecho. El paso es importante porque ya no discutiremos sobre lo etéreo sino sobre un artículo concreto. Y yo descarto la opción del adelanto electoral, porque yo trabajo siempre con que se agota la legislatura.

P. ¿Se renovará el Tribunal Constitucional?

R. Hay más vacantes, en RTVE o el Defensor del Pueblo, y nuestra voluntad es que se renueve, pero lo que no es acorde con la Constitución ni con la forma de negociar es que se pretenda imponer a nadie. Uno puede sentarse en una mesa con nombres, pero no imponiendo a un candidato y a eso le hemos dicho reiteradamente que no al PP.

P. Es decir, que no aceptan a Enrique López.

R. No aceptamos que nos impongan a nadie como condición para sentarnos a hablar.

P. ¿Qué le parece que tras la dimisión de Camps, el PP exija dimisiones por el caso Faisán?

R. Lo que ha hecho Camps no es un ejercicio de responsabilidad, es una decisión estratégica porque es conveniente para su defensa, porque tiene delante la apertura del juicio. Quien ha actuado con irresponsabilidad es Rajoy porque ha tolerado que vuelva a presentarse y lo han jaleado. Estamos en situaciones distintas y no se puede comparar lo imposible. Hablamos de un presidente de la Generalitat en fase de apertura de juicio oral, con acusación formalizada, mientras que en el caso Faisán no hay ninguna acusación contra tres policías dedicados a la lucha antiterrorista.

P. ¿Qué le parece el auto del juez Ruz sobre el caso Faisán?

R. Haciendo una lectura objetiva del auto creo que hay un conjunto de indicios sin una sola prueba directa. Cualquier lector de la resolución lo puede comprobar. Está recurrido, y veremos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 25 de julio de 2011