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Editorial:

Intervención obligada

La CAM será saneada con dinero público por la inviabilidad de sus cuentas y el déficit de capital

La intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha de entenderse como un paso necesario para dotar de la solvencia necesaria a las cajas de ahorros españolas, objeto de una reforma que avanza lentamente, pero que, al menos, ya ha encontrado capital en Bolsa para dos entidades como Bankia y Banca Cívica. La intervención, que implica una recapitalización en el Fondo de Ordenación Bancaria (con un coste de unos 2.800 millones de nuevo capital y unos 3.000 millones en liquidez), la sustitución de los gestores, responsables de la situación de la caja y la preparación de la venta para el momento en que la caja esté recapitalizada, se justifica porque la CAM era una anomalía financiera.

Y lo era porque no había conseguido integrarse en el grupo de cajas liderado por Cajastur, lo cual le hubiera permitido acceder a capital fresco en el mercado; porque su cuenta de resultados era ya inviable y porque las necesidades de capital ya no podían ser cubiertas en el ejercicio normal del negocio. La intervención cancela esa anomalía y permite que los responsables de la gestión paguen al menos con sus cargos la mala situación de la entidad. Aunque formalmente la intervención se produce a petición de la propia caja, en realidad la situación era insostenible y los directivos no pudieron exponer ante el Banco de España un plan de recapitalización.

La intervención, tercera después de la de Caja Castilla-La Mancha y Cajasur, contribuye a clarificar la situación actual de la reforma financiera. Un grupo de entidades encontrarán sin problemas soluciones de capital y de gestión para elevar su solvencia hasta los límites fijados por el Gobierno, bien a través de dinero obtenido del mercado, bien a través de fusiones que refuerzan sus balances. Otro grupo de cajas, como las gallegas, pretenden reforzar su situación en el ámbito regional.

El momento elegido para la intervención es complejo. La Comunidad Valenciana afronta la dimisión de Francisco Camps y la deuda española acaba de sufrir uno de los ataques más duros. Por otra parte, la autoridad bancaria parece haber esperado a que se concretasen las salidas a Bolsa de Bankia y Banca Cívica para tomar una decisión insoslayable. Hay que confiar en que los mercados analicen la intervención no como una muestra de debilidad bancaria sino como una prueba de que el Banco de España y el Gobierno actúan en una línea coherente para reforzar la capitalización del sistema y aumentar su solvencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de julio de 2011