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La Iglesia católica alemana abre sus archivos para esclarecer los abusos

Investigadores independientes podrán acceder a documentos desde 1945

Acuciada por las críticas y amenazada por el éxodo de feligreses tras la cadena de escándalos que la sacude desde 2010, la Iglesia católica alemana abre sus archivos a investigadores independientes para aclarar "científicamente" los abusos sexuales a menores cometidos en sus instituciones. Es la primera vez que una Conferencia Episcopal europea concede acceso a científicos ajenos a la propia institución para que investiguen todo su territorio. Los expertos tratan de arrojar alguna luz sobre los motivos y las circunstancias de los abusos sexuales en colegios y orfanatos católicos. Los obispos alemanes pretenden aclarar las causas de estos "casos atroces" para evitarlos en el futuro.

Los criminólogos interrogarán al "mayor número posible" de víctimas
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La apertura de archivos, anunciada ayer por el obispo de Tréveris Stephan Ackermann, incluye los expedientes del personal de la Iglesia archivados en 18 diócesis desde 2000. En las nueve restantes, los investigadores accederán a los documentos archivados desde 1945.

Estas investigaciones de largo plazo pretenden comprobar si, como se cree, ha descendido el número de casos en las últimas décadas. Por eso se limitarán a una de cada tres diócesis. Si bien se han dado un plazo de tres años, los investigadores esperan ofrecer los primeros resultados en 2012.

Según explicó ayer Ackermann en rueda de prensa, se trata de dos investigaciones paralelas. Por un lado, un grupo de criminólogos dirigidos por el profesor Christian Pfeiffer estudiará los expedientes en busca de indicios de abusos a menores desconocidos hasta ahora. Tratarán de contactar con "el mayor número posible" de víctimas para entrevistarlas y formarse una idea de las circunstancias de los delitos y de cómo reaccionaron las autoridades eclesiásticas cuando se denunciaron. También investigarán a los sospechosos e intentarán entrevistar a miembros de la Iglesia que hayan sido condenados.

La segunda investigación queda a cargo de un grupo de psiquiatras forenses dirigidos por el profesor de la Universidad de Duisburgo-Essen Norbert Leygraf. Estos evaluarán más de 50 informes psiquiátricos de miembros de la Iglesia acusados de abusos sexuales a menores.

Con ayuda de las pruebas periciales y de los expedientes que se extraigan ahora de los archivos, los investigadores redactarán perfiles de la personalidad de los criminales, así como de sus posibles patologías. También investigarán las circunstancias biográficas en las que cometieron estos delitos. Además, quieren investigar las características que las víctimas puedan tener en común.

Una de las dificultades que enfrentan los expertos es la destrucción de las pruebas de los abusos por parte de algunas diócesis. La abogada Marion Westpfahl, que tuvo acceso a los archivos de la archidiócesis de Múnich-Freising en 2010, declaró después al semanario Der Spiegel que "estamos ante una destrucción de pruebas a gran escala". También en la red de víctimas de abusos sexuales NetzwerkB han expuesto dudas sobre el proyecto, señalando que los documentos sobre este tipo de casos "se llevaron sistemáticamente al Vaticano".

El portavoz de NetzwerkB Norbert Denef no ocultaba ayer al teléfono su "disgusto" con lo que calificó de "maniobra de distracción". La Iglesia, dice, "no tiene el menor interés" en que se aclaren los abusos, por miedo a que "acusen a su jerarquía de haber tapado los delitos" sistemáticamente. Dice que "solo los archivos vaticanos" permitirían conocer la verdad. Para contribuir a la solución, Denef propone "retrasar la prescripción de estos delitos" significativamente, para dar tiempo a que sus víctimas se atrevan a denunciarlos ya de mayores.

Los abusos sexuales no son un problema exclusivo de las instituciones católicas. Ayer, un informe de la Comisión del Gobierno para la investigación de abusos sexuales presentado en Berlín reveló que en el 43% de los colegios alemanes se han registrado sospechas de abusos sexuales a niños durante los últimos tres años. En la mayoría de los casos, estos abusos se cometieron fuera de los colegios, a menudo en los hogares. En el 4% de los colegios alemanes y en el 10% de los orfanatos hay indicios de abusos por parte de profesores o de tutores. La gran mayoría de las víctimas son niñas o chicas adolescentes.

Vista general del internado Canisius de los jesuitas, en Berlín.
Vista general del internado Canisius de los jesuitas, en Berlín.FABRIZIO BENSCH (REUTERS)

El viaje de la "sexualización de la vida pública" al 'mea culpa'

A finales de enero de 2010, las denuncias de abusos sexuales en el internado Canisius de los jesuitas, en Berlín, abrió la caja de los truenos en la Iglesia católica. El entonces obispo de Augsburgo, en la católica Baviera, dijo que los abusos sexuales contra niños en la Iglesia se deben a la "sexualización de la vida pública", que "promueve las prácticas sexuales anómalas".

Solo dos semanas más tarde, la Iglesia se veía metida en tal escándalo que creó una comisión para investigar y prevenir estos casos. La preside el obispo Stephan Ackermann, que llegó a tiempo para ver cómo el escándalo se fue extendiendo hasta alcanzar incluso al célebre coro de voces blancas de Ratisbona.

En marzo de 2010, el papa Benedicto XVI lamentó los abusos contra niños cometidos en el seno de la Iglesia de Irlanda, pero no se pronunció sobre los casos en su país natal ni en la archidiócesis de Múnich, bajo su autoridad entre 1977 y 1982. El presidente de la Conferencia Episcopal Robert Zollitsch reconoció por el contrario "errores" en el trato a las víctimas por parte de la Iglesia. Enseguida retiraron de sus funciones a varios sacerdotes.

El obispo Mixa, acusado de maltratar a niños cuando dirigía un orfelinato, tuvo que dimitir en abril. En junio, el papa pidió por primera perdón a las víctimas. El escándalo salpicaba ya a las iglesias luteranas de Alemania. El papa dijo la pasada navidad que está "conmocionado" por la gravedad de los delitos. En marzo, la Iglesia declaró sus intenciones de indemnizar a cada víctima con un mínimo de 5.000 euros.

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