Reportaje:

El amo del retablo

En Navarra la Iglesia católica ya ha hecho suyas 1.087 propiedades

Miles de pueblos en toda España construyeron hace décadas una casa para el cura, otra para el maestro y otra para el médico. Unos y otros se fueron yendo y esas viviendas volvieron al pueblo, que dispuso de ellas para otros usos. Pero de la casa rectoral, o casa curato, ya se pueden olvidar, el obispado es su dueño. Si todas ellas estuvieran en Madrid, no habría problemas para alojar a los jóvenes que vienen a ver al Papa en agosto.

En el registro de la propiedad ahora le toca el turno a los templos de culto. Navarra parece ser la comunidad más afectada, pero de eso no hay certeza cabal. Sí es, desde luego, donde se ha formado el frente de lucha más estructurado en defensa del patrimonio. Cuentan con documentación exhaustiva sobre lo "expoliado" y los alcaldes están alertados de lo que ocurre. La plataforma Ekimena ha recurrido a expertos jurídicos y ha llamado a la puerta de los partidos políticos en busca de ayuda para embridar el apetito inmobiliario de la Iglesia.

"Muchos edificios los han construido los Ayuntamientos", dice una asociación

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A falta de jueces que den un paso al frente o de Gobiernos que encaren el tema, la batalla se libra entre la pulga y elefante: Ayuntamientos de decenas de habitantes contra la poderosa diócesis. Y va ganando el paquidermo. Vean si no. Inmatriculaciones: 651 templos parroquiales, 191 ermitas, 9 basílicas, 42 viviendas y casas, 26 locales comerciales, almacenes, garajes, 2 atrios, 8 cementerios, 107 fincas, solares y terrenos, 38 prados, pastos y helechales, 12 viñas, pinares, olivares y arbolado, y un frontón. Total, 1.087 desde 1998. El inventario de santos, cálices, angelitos, bordados, retablos, cristos y vírgenes ha de ser innúmero.

La plataforma se constituyó en 2007 cuando se detectó "la privatización de iglesias y ermitas", recuerda Josemari Esparza, miembro de la misma. Y se hizo un llamamiento a todos los alcaldes. A partir de 1998, cuando el Gobierno abrió la vía para inmatricular también lugares de culto, se desató el furor. Lo mismo daba un humilladero que un parque infantil adosado a la iglesia. "Muchos de estos edificios los han construido los ayuntamientos, los han mantenido, han pagado los gastos, las reparaciones. Pero, si seguimos el razonamiento de la Iglesia de que los lugares de culto son suyos, ¿cómo explican entonces los que no son de culto?", reta Esparza. "Los pueblos están indefensos. Urge conocer al detalle, y para eso solo hay que pedirlo al Ministerio de Justicia, de cuántos edificios y lugares estamos hablando, el escándalo es monumental". Esparza lo sabe porque en la plataforma se reciben correos electrónicos y llamadas de decenas de pueblos, de Galicia, Castilla y León, Andalucía, Valencia; de todas partes.

"El obispado registra una iglesia por el precio de una campana, pero la reclamación es por el valor de lo reclamado", lamenta Esparza. "Necesitamos que se ponga un recurso de inconstitucionalidad", ruega. Cree que deben conocerse las cifras de inmatriculaciones de toda España, "que la gente sepa lo que está pasando con el patrimonio".

"Es inmoral", se indigna Álvaro Calderón. Es "creyente y practicante". Así se lo dijo al juez y al cura. Ha sido secretario de Garisoain y protagonista en el conflicto con la ermita del Pilar, juicio que ganó el Ayuntamiento y que la Iglesia ha recurrido. "Si son tan sensibles, que convoquen a la gente, por lo menos a los que somos cristianos, y no como lo han hecho, subrepticiamente. Investigué en los archivos y esa ermita la construyó el pueblo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 11 de julio de 2011.

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