Multas más baratas para el infractor y más rentables para el Ayuntamiento

En resumen: el número de multas de tráfico impuestas en Madrid sigue siendo más o menos el mismo que en años anteriores, pero cada vez son más los infractores que las pagan, y cada vez menos el dinero que deben abonar. Eso, unido al hecho de que ahora resulta mucho más sencillo y barato tramitar las sanciones, condensa las bondades de la nueva Ley de Seguridad Vial para el Ayuntamiento algo más de un año después de su entrada en vigor. Y explica además la contrariedad actual de aquellos conductores que presumían de no haber pagado una multa de aparcamiento en años.

- "Las multas son necesarias". "La condición humana es la que es", adujo para justificar esa primera afirmación el director general de Tráfico, Pere Navarro. En 2003 morían 5.400 personas al año en las carreteras españolas; el año pasado fueron 2.470. Entre medias, el Gobierno puso en marcha el carné de puntos, reformó el Código Penal para castigar con penas de prisión las conductas más graves al volante, y elaboró una nueva norma de Seguridad Vial. Tanto Tráfico como el Ministerio de Interior se han empleado con denuedo para transmitir que esas "grandes medidas" buscan reducir la siniestralidad y "nada tienen que ver con un afán recaudatorio", como dijo Navarro.

En el mismo brete se ha visto el Ayuntamiento de Madrid para justificar la proliferación de radares o el endurecimiento de las sanciones (poco después de llegar a la Alcaldía, Alberto Ruiz-Gallardón elevó, por ejemplo, de 92 a 300 euros la multa por estacionar en un carril bus). Sin embargo, el principal caballo de batalla del Gobierno municipal no fue tanto la seguridad, que también (presume de que, gracias al estricto control electrónico, en la Calle 30 no se ha registrado ningún accidente de importancia), sino el desahogo del tráfico. Con esta bandera extendió el controvertido sistema de regulación del estacionamiento, que en este mandato quiere ajustar además a razones medioambientales, obligando a pagar más por aparcar en la ciudad a los coches que más contaminan.

- Mayores rebajas por el pago voluntario. Uno de los principales argumentos de unos y otros para justificar que no les mueven fines económicos lo aportó la última reforma de la Ley de Seguridad Vial, que aumentó del 30% al 50% el descuento sobre la sanción en caso de abonarse durante el conocido como periodo voluntario (15 días naturales). El objetivo fue agilizar el cobro, reduciendo su plazo medio de cinco meses o más (hasta dos años, en ocasiones) a tan solo dos.

A cambio, el Gobierno daba por hecho que la recaudación descendería, como así ha sucedido en Madrid, según los datos del Ayuntamiento. El cobro voluntario creció del 22,18% de mayo de 2010 al 27,55% de un año después. Pero la rebaja se notó en la liquidación a final de año: en 2009 se recaudaron 204 millones; en 2010, solo 188,6 millones. En los presupuestos de 2009 se preveía un ingreso por infracciones de circulación de 270 millones; un año después eran 260; en 2011, solo 220. Sin embargo, el número de multas en estos años se ha mantenido en niveles similares, alrededor de los dos millones de infracciones anuales por aparcamiento indebido, exceso de velocidad o semáforos en rojo traspasados.

- "El periódico más caro del mundo". Así califican fuentes municipales al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a través del cual era obligatorio notificar las infracciones de tráfico hasta la entrada en vigor de la nueva norma, a un precio que ronda en la actualidad los 700 euros por página. La reforma estableció una dirección electrónica vial (DEV) para realizar las notificaciones, obligatoria en el caso de las personas jurídicas y voluntaria para las físicas. Así, aquellos que se apuntaran recibirían el aviso por correo electrónico.

Para los casos en los que no pudiera efectuarse mediante este método o con una carta enviada al domicilio, se puso en marcha el tablón edictal de sanciones de tráfico (Testra), gestionado por la DGT. Se trata en esencia de un servicio de consulta online que entró en funcionamiento el pasado 25 de noviembre y permite al ciudadano averiguar en cualquier momento si tiene una multa pendiente. Madrid fue el primer Ayuntamiento en usarlo (el resto de municipios tienen hasta el 25 de mayo de 2012 para sumarse), y ya ha comunicado miles de sanciones de esta manera. Así, calcula haberse ahorrado al menos 20 millones de euros. Tanto es así, que ya prepara a toda prisa un tablón para tributos que, en virtud de la Ley de Economía Sostenible que entró en vigor en marzo, le permita un ahorro de la misma forma hasta 23 millones.

- Las multas ya no se pierden en el fondo de un cajón. Tanto la dirección electrónica vial como el tablón en Internet entraron en vigor a finales de noviembre de 2010 junto con otro cambio normativo de calado: el titular del vehículo o su conductor habitual son ahora responsable subsidiario del impago de la multa. La nueva ley incluyó otro aspecto quizá menos llamativo pero de notable relevancia: antes, la mayoría de las multas no llegaban al domicilio del infractor porque la base de datos de Tráfico estaba en gran medida desactualizada. Ese listado está siendo remozado ahora con información del padrón y de la Agencia Tributaria.

Eso ha contribuido también a agilizar el proceloso trámite de notificación. El sistema requiere de dos avisos al domicilio, la publicación en el boletín autonómico, otros dos avisos y otra publicación antes de la ejecución. Hasta ahora, las cartas se enviaban a direcciones erróneas y el boletín no lo consultaba el infractor ni por error. En la actualidad, la base de datos es más fiable, y además el Ayuntamiento duplica la notificación, enviándola también al domicilio que consta en el padrón. Y la publicación en el Testra no cuesta un potosí como antaño.

Eso convierte en rentable la persecución administrativa del infractor. Una multa tipo de aparcamiento asciende a 90 euros sin tique (30 por rebasar el tiempo). Tras la reforma, el coste de tramitación es nulo por correo electrónico, y algo más de dos euros por vía convencional. Antes ascendía a 13 euros, una cantidad notable para dos millones de multas. Y eso antes de entrar en el proceso de ejecución (con la notificación de apremio, la prelación de bienes embargables, el señalamiento de bienes, la diligencia de embargo, etcétera).