CiU y el PP entierran siete años de enfrentamientos por el Estatuto

De reivindicar hace un año la "transición nacional hacia el derecho a decidir" a tejer un pacto presupuestario con el Partido Popular con visos de convertirse en un acuerdo de legislatura. De firmar ante notario en septiembre de 2006 que Convergència i Unió (CiU) nunca pactaría con los conservadores a olvidar siete años de enfrentamientos por las posiciones encontradas sobre el Estatuto. CiU ha consumado una verdadera metamorfosis.

Los nacionalistas de Artur Mas, aunque también los socialistas catalanes, pasan estos días discretamente por el primer aniversario del recorte del Tribunal Constitucional al Estatuto de Autonomía de Cataluña y la masiva manifestación en Barcelona que siguió a esta decisión, hoy hace justamente un año, y que los nacionalistas de Artur Mas capitalizaron con un claro mensaje independentista.

El Gobierno no ha dictado las leyes prometidas para recuperar recortes de la sentencia

El Gobierno central ha incumplido sus promesas de recuperar mediante el desarrollo de leyes orgánicas las partes amputadas del Estatuto y Convergència i Unió ha cambiado rápidamente de discurso nada más aterrizar en la Generalitat el pasado diciembre, dando toda la prioridad a la lucha contra la crisis por encima de reclamaciones soberanistas.

Entre los políticos catalanes cunde la sensación de que, al menos en la superficie, la sentencia del Estatuto no ha cambiado nada. Hace un año, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos de los 223 que tiene el Estatuto, además de someter a reinterpretación otros 23 y 4 disposiciones adicionales.

La descentralización de la justicia a través del Estatuto y darle validez jurídica a la definición de Cataluña como "nación" fueron dos de los asuntos declarados inconstitucionales por el alto tribunal. El primer punto es el que le valió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para asegurar que "casi todo" el Estatuto podía recuperarse. El Consejo de Justicia de Cataluña, por ejemplo, podría crearse sin problemas a través de una ley orgánica. No se ha hecho y todo apunta a que no se hará en este final de legislatura marcado casi exclusivamente por la crisis.

La estrategia catalana ha sido tan errática como la del Gobierno central. Inicialmente el ya extinto Gobierno tripartito de José Montilla intentó entrar en el juego abierto por Rodríguez Zapatero: negociar la recuperación del texto por otras vías legales. CiU, entonces en la oposición, se enrocó en el convencimiento de que el Estatuto "ya no servía" y, aunque ahora no puede repetir un discurso tan grave desde el Gobierno, lanza mensajes de absoluta desconfianza hacia el desbloqueo del texto. Así, son frecuentes las referencias de dirigentes de CiU hacia el Gobierno de Rodríguez Zapatero tratándolo de "moroso" e "incumplidor".

Pero si en la superficie la situación catalana parece de aguas estancadas, en el fondo hay síntomas de movimiento. Los nacionalistas admiten que su buen resultado en las pasadas elecciones autonómicas (62 diputados de 135) se debió a que lograron llevar a su molino el voto independentista que abandonó Esquerra Republicana, en fase de descomposición por sus constantes divisiones internas.

El independentismo también aflora por otros cauces e incluso seduce a sectores empresariales otrora entregados en exclusiva al autonomismo. Las últimas elecciones de la patronal catalana, Fomento del Trabajo Nacional, arrojaron un resultado impensable para un candidato abiertamente independentista hace unos años. Joaquim Boixareu se llevó el 33% de los sufragios; lejos, no obstante, del 67% que cosechó el ahora presidente de la CEOE -la patronal de los empresarios españoles-, Juan Rosell.

Estos votantes soberanistas siguen ejerciendo presión para que Artur Mas presente batalla. Este lo retrasa todo hasta las próximas elecciones generales. Entonces, si CiU tiene algo que negociar en Madrid, asegura, exigirá el concierto económico para Cataluña. Eso contando con que el PP no logre mayoría absoluta.Pero mientras tanto, a ojos de los independentistas todo son marchas atrás enmascaradas de "realismo económico". El Gobierno de Mas ha paralizado la nueva división administrativa de Cataluña en veguerías, ha aceptado rebajar el carácter "político" de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero y se abre a modificar leyes del tripartito como la que forzaba a doblar al catalán la mitad de las películas en Cataluña. Todo esto ha preparado el terreno para un pacto con el Partido Popular.

¿Le pasará factura este viraje? En CiU están convencidos que no. "Esta vez, a diferencia de los años del aznarismo, no vamos a disimular los pactos; los hacemos porque lo necesitamos y basta, todo el mundo sabe que nosotros somos soberanistas y ellos no", explican fuentes del Gobierno.

De momento, y con el pacto presupuestario con el PP, que obliga al Gobierno a convertirle en socio prioritario para otras leyes de calado, como las de reforma de la Administración y los siguientes presupuestos, lo que sí ha bajado es el radicalismo verbal de CiU. En pocas semanas los nacionalistas han pasado página a su discurso que juzgaba los pactos con el PP como un mal necesario dada la negativa del PSC y ERC a "ayudar" al Gobierno.

La presidenta regional del Partido Popular, Alicia Sánchez-Camacho, ha movido ágilmente los hilos y ha exigido el fin de estos comentarios. Nadie quiere ser segundo plato. La tesis dominante en CiU ahora es que el PP es un partido "responsable" que ayuda a Cataluña. Ni rastro de aquellas pestes de hace un año contra el partido que recurrió el Estatuto.

Nada tuvo que ver la marcha independentista de ayer en Barcelona con la multitudinaria manifestación de hace un año. No pasaron de pocos miles -13.000, según la Guardia Urbana-los que bajo el lema Pel nostre futur: independència recorrieron la calle de Trafalgar hasta el final del paseo de Lluís Companys, informa Laia Reventós. La cita, convocada por la plataforma 9-J, parecía más una fiesta popular con gente de todas las edades. No contó con el respaldo de partidos, como CiU y el PSC, de la Generalitat ni de las principales fuerzas culturales catalanistas. De ahí que encabezaran la marcha pocas caras conocidas, como el socialista Enric Blanc, exalcalde de Badalona, coreando "visca Terra Lliure!"; Quim Masferrer, de Teatre de Guerrilla, y el catedrático Enric Canela. Los representantes de ERC -Joan Tardà, Jordi Portabella, Oriol Amorós y Oriol Jorqueras- cedieron el protagonismo al situarse por detrás, al igual que los miembros de Reagrupament y Solidaritat per la Independència.

En cualquier caso, la organización se mostró satisfecha. "Hemos reunido a 35.000 personas a pesar de las trabas y del escaso apoyo político y mediático. Es una demostración de que el 10-J no sirvió de nada", aseguró la portavoz, Carme Teixidor.

El fin de fiesta lo pusieron los parlamentos de Moisés Broggi, Heribert Barrera y Oriol Domènech, sentados en un camión. El Ayuntamiento no había autorizado que se instalara un escenario para celebrar el concierto final.