La justicia da otro varapalo a Barberá y le impide las demoliciones en El Cabanyal

El barrio valenciano de El Cabanyal seguirá a salvo de las excavadoras hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Y ello, pese a las pretensiones de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), de buscar una vía judicial que le permita sortear la orden del Ministerio de Cultura que le impide actuar en el barrio. El plan de Barberá consiste en la apertura de una avenida que atraviesa El Cabanyal por la mitad. Esta avenida supondría la destrucción de cientos de casas y perpetrar un "expolio" del patrimonio de acuerdo a la opinión del Ministerio de Cultura.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Valencia que solicitaba poder intervenir, al menos, en la parte no protegida del barrio marinero. El alto tribunal, que entierra así las esperanzas del Ayuntamiento de ejecutar su plan a corto plazo, condena al gobierno local además a pagar las costas del proceso.

Hace algo más de tres años, en junio de 2009, el Supremo reabrió el caso de El Cabanyal. Le había dado la razón a Barberá en detrimento de la asociación de vecinos y demás entidades del barrio y entendía que su proyecto no suponía un expolio del patrimonio histórico. Pocos meses después, el alto tribunal estimó, sin embargo, su reapertura. Rescató una resolución judicial anterior y exigió al Ministerio de Cultura que se pronunciase definitivamente al respecto, que dijese si el plan municipal era adecuado o no. Tras recoger informes de instituciones como el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Real Academia de la Historia o el Museo Nacional de Cerámica González Martí, Cultura ordenó al Ayuntamiento valenciano que paralizase su proyecto. Entonces, Barberá recurrió a la Audiencia Nacional, que tumbó hasta dos veces su petición. Barberá acudió entonces al Tribunal Supremo que, de la misma manera, ha desestimado el recurso. Cultura obliga a la alcaldesa a suspender la ejecución del plan mientras este "no se adapte y garantice los valores histórico-artísticos del barrio".

Paralelamente, el Constitucional debe resolver otro embrollo judicial en torno al barrio generado por la Generalitat. A instancias de Barberá, el Gobierno valenciano aprobó en enero de 2010 una ley que sorteaba la orden ministerial. El Constitucional ya suspendió cautelarmente la ley a instancias del Ejecutivo, que pidió su suspensión. Ahora falta que decida definitivamente qué prevalece, si la orden del Ministerio de Cultura o la ley de la Generalitat. La Generalitat entiende que el plan "no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico".