Cinco años sin respuestas

Una veintena de familias de fallecidos en el accidente del metro de Valencia del 3 de julio de 2006 bajaron de nuevo ayer a la estación de Jesús y a recorrer las nueve paradas de la línea 1 a las que sus parientes no llegaron aquella mañana de hace cinco años. El punto de llegada era Torrent, municipio en el que vivían la mayoría de los 43 fallecidos. En cada estación, la comitiva bajaba, guardaba un minuto de silencio y leía una cita. "Siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto, Martin Luther King", leyó uno de los familiares a mitad de camino. Y añadió: "El Gobierno valenciano pierde a cada momento esa oportunidad. Mejor ahora que dejar pasar otros cinco años".

La Asociación Víctimas 3 de Julio volvió a organizar una jornada de actos a la que no acudieron representantes oficiales, solo cargos de la oposición. La presidenta de la asociación, Beatriz Garrote, recordó que en 2007 dirigieron una carta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps (PP), en la que pedían reunirse con él para trasladarle sus "dudas" sobre lo ocurrido, y que aún no les ha contestado. La portavoz de la Generalitat, Lola Johnson, declaró la semana pasada que el Gobierno valenciano comparte su "dolor". El líder socialista Jorge Alarte afirmó ayer que un presidente "digno ya las habría recibido".

Camps aún no ha respondido a la carta que enviaron los familiares

El proceso judicial abierto tras el accidente se cerró definitivamente en 2008. Los jueces consideraron que la muerte del conductor en el propio siniestro y la ausencia de disposiciones legales que impusieran mayores medidas de seguridad que las que existían en la curva fatídica hacían inviable exigir responsabilidades penales. La juez instructora, Nieves Molina, admitió que podría "cuestionarse la existencia de una responsabilidad política derivada de la falta de inversiones, pero esta cuestión escapa a las competencias de este juzgado".

El peor accidente en la historia del metro en España tampoco tuvo consecuencias políticas. Nadie dimitió, y la comisión parlamentaria de investigación creada en las Cortes Valencianas duró solo cinco días. La oposición denunció que el PP vetó a expertos independientes a los que intentaron llamar a comparecer. Y Camps nunca ha querido recibir a los familiares de las víctimas.