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Transparencia frente a Fuenteovejuna

Durante los últimos días los lectores de EL PAÍS habrán podido comprobar que numerosas informaciones, reportajes y entrevistas han salido publicados en el periódico sin las firmas de sus autores. Ello se debe a la iniciativa de una asamblea de redactores que decidió adoptar dicha actitud como medida de presión durante las negociaciones del convenio colectivo de la empresa editora del periódico. Queremos expresar claramente, al margen del desarrollo de dichas negociaciones, que a nuestro juicio dicha postura va contra las normas del ejercicio profesional, al involucrar el contenido del periódico en un contencioso laboral.

Desde el inicio de EL PAÍS se mantuvieron nítidamente separados el ámbito profesional del laboral, y por ello los representantes de los periodistas se agrupan en dos organismos distintos, el comité profesional y el comité de empresa, para, respectivamente, debatir asuntos relativos al ejercicio de la profesión, y negociar los temas estrictamente laborales con la dirección del periódico. Naturalmente, cualquier periodista tiene derecho a no firmar lo que no quiera, y así se respeta en el Estatuto de la Redacción de EL PAÍS, pero este es un derecho relacionado con la cláusula de conciencia, y por tanto, individual, y de ninguna manera colectivo. Los contenidos del periódico, el derecho de veto sobre los originales, el diseño del producto, las normas a aplicar y la línea editorial son responsabilidad exclusiva del director del mismo, según el Estatuto de la Redacción. Este regula los derechos y deberes profesionales de los periodistas, la dirección y la propiedad del medio, y fue aprobado en junta general de accionistas. De ningún modo puede alterarse su contenido de modo unilateral sin modificar las bases de este pacto que regula el equilibrio de las tres partes.

No firmar los textos es una falta de respeto al lector al primar un asunto laboral sobre lo profesional

Nos parece una grave falta de respeto a los lectores manipular la presentación de trabajos que por su estilo y su propia naturaleza encierran valoraciones, opiniones, comentarios y análisis de quien los hace y, sin embargo, no los firma.

Ni el periódico comparte necesariamente esos puntos de vista ahora anónimos (que aparecen bajo la referencia de EL PAÍS, sin que lo sean), ni el lector puede hacerse una cabal idea respecto al significado de los mismos, habida cuenta que desconoce su autoría. La transparencia es una exigencia indeclinable de un periodismo digno, responsable y de calidad, que no puede refugiarse tras la protesta opaca del Fuenteovejuna de turno. Cada discusión, a su ámbito: ocultar la autoría de una crónica, una entrevista o reportaje, en virtud de una decisión colectiva que nada tiene que ver con el contenido de dichos trabajos, atenta contra la deontología y el buen hacer profesional, y daña la relación normal con los lectores.

Desde la fundación de EL PAÍS nos hemos esforzado por hacer valer unos principios cuya quiebra nos parece de una gravedad sin precedentes, y una marcha atrás en la forma de hacer de la Redacción. Quienes hemos dirigido EL PAÍS durante sus 35 años de existencia pedimos disculpas a nuestros lectores por lo que constituye una falta de consideración a sus derechos. Por lo mismo, creemos que hay que tomar las medidas necesarias para recuperar el crédito perdido y que nadie siga afectando a la calidad de EL PAÍS y a su relación con sus lectores de modo tan irresponsable. Resuélvanse los problemas laborales en el terreno laboral y los profesionales en el suyo propio, sin tomar de rehenes a los lectores, que son en última instancia aquellos para los que todos debemos trabajar.

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